El presidente del gremio, Miguel Barrios, dijo ayer que “se desayunaron con este decreto” y aún no podían determinar sus alcances y el grado de efecto que tendrá para el sector.
“Nos estamos desayunando con este decreto. Hay que ver luego si se puede apelar y si es constitucional o no la medida”, enfatizó.
No obstante, adelantó que al hablar de incremento de arancel, consideró que el único perjudicado final será el Gobierno, debido a que “ellos mismos van a patear en contra de su olla, al alzar el arancel para agradar a la industria paraguaya”.
Consideró que existe la posibilidad de rever esta medida y advirtió que el solo hecho de dejar de importar por quince días los vehículos, “van a salir a pedir la cabeza del director de Aduanas”.
INGRESOS. Barrios dijo que en este tema se plantea la necesidad del Gobierno de recaudar más y el deseo de hacerlo. “Necesitan recaudar más porque están haciendo agua por todos lados. No hay ingresos y no sé hasta qué punto les convendría levantar el impuesto al arancel”, enfatizó.
Comentó que recién le pasaron una copia de la disposición y ya lo trasladó al abogado para que le recomiende qué camino seguir o qué harán.
“Hasta que no tenga nada específico no voy a poder sentar una postura. Vamos a pelear en cualquier lado si nos afecta”, aseveró.
El titular del CIVU consideró que en primer lugar estarían planteando un mínimo de aumento del diez por ciento más de lo que ya están pagando actualmente por la importación de vehículos.
“Están hablando de 10 a 25 por ciento más. Eso va a encarecer entre 300 y 400 dólares cada vehículo y viene mal porque ahora no hay venta y nos obligarán a asumir el costo”, lamentó.
Remarcó que tiene sus dudas acerca de la legalidad de aumentar aranceles a través de un decreto, pero van a analizar con el abogado si es así.
Finalmente, apuntó que no saben cómo se originó esta disposición, a partir de qué. “Surgió de la nada” y aún no pueden decir qué acciones tomarán en el caso de que la incidencia negativa para el sector sea muy grande.