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sábado 16 de julio de 2016, 01:00

IIrregularidades del Pilcomayo reclaman un ejemplar castigo

Por la desidia de los funcionarios de la Comisión Nacional del Pilcomayo, hubo un mal manejo de recursos de la institución, lo que a su vez derivó en que el canal paraguayo del río se secara. En vez de preocuparse por la entrada de agua en el canal, estos se ausentaban en sus puestos de trabajo. El ministro de Obras Públicas tardó en intervenir y el resultado ya es conocido: el ecosistema que depende del Pilcomayo corre el riesgo de desaparecer. Los responsables de exigir eficiencia a la empresa contratada para realizar los trabajos hicieron la vista gorda y no cumplieron con su obligación de defender los intereses del país por encima de cualquier situación particular. La Fiscalía debe investigar a fondo.

Cíclicamente se repite el problema de la desidia en torno al río que nuestro país comparte de manera teóricamente igualitaria en el Chaco con la Argentina, el Pilcomayo. Harto sabido es que el comportamiento errático del cauce hídrico que se origina en Bolivia para desembocar en el río Paraguay requiere de parte de los dos países medidas que les permitan compartir equitativamente, intervenciones de ingeniería mediante, esa esquiva riqueza natural.

Mientras los vecinos hace tiempo se aseguraron su provisión de agua en los meses críticos de sequía, e incluso más, el Paraguay, casi todos los años se encuentra con que carece de las obras de infraestructura suficientes y eficientes que permitan que parte del caudal del Pilcomayo que le corresponde riegue parte del territorio nacional.

Este año la historia no es diferente. Las previsiones tomadas para que el vulnerable ecosistema no se vea golpeado por la dramática falta de agua que mata yacarés, carpinchos y animales de otras especies, afectando también muy severamente al ganado vacuno, han quedado en la nada porque los funcionarios del MOPC que debían velar por la soberanía nacional no lo hicieron y los empresarios que recibieron el dinero del anticipo para las obras no realizaron con eficiencia sus tareas.

Una auditoría ordenada por el MOPC cuando se destapó el escándalo de la muerte de los animales por falta de agua revela que el consorcio de empresas al que se adjudicaron los trabajos de limpieza del canal del río Pilcomayo, desde su embocadura hasta Margariño y desde aquí hasta General Díaz, cumplieron solo a medias su cometido.

Prueba de ello es que el agua no se escurre hacia el lado paraguayo. Si la limpieza se hubiera ejecutado correctamente, como se esperaba, un importante sector del Chaco paraguayo no hubiera estado soportando el vía crucis que el Gobierno quiere negar, pero no puede porque las evidencias son abrumadoras.

Además, el consorcio cobró el adelanto para montar su campamento autónomo y, sin embargo, fue a instalarse en el del MOPC, ahorrando sus recursos y cargando sus gastos sobre los hombros de los contribuyentes al fisco. Esa situación nunca pudo haberse dado si es que no existía el consentimiento de altos funcionarios de ese ministerio, que permitieron que se cometiera ese abuso en la propiedad de una institución pública.

Con las pruebas en la mano, toca ahora al ministro Ramón Jiménez Gaona tomar las medidas que correspondan para que la impunidad no premie a funcionarios que traicionaron los intereses de la patria y a empresarios que no supieron estar a la altura de la responsabilidad que asumieron.