El presidente de la CEP, obispo Edmundo Valenzuela, expresó su felicidad por poder comunicar el trabajo de la Iglesia católica para contrarrestar las denuncias sobre abuso sexual a menores de edad y que involucren a un clérigo.
Recordó que el papa Benedicto XVI declaró tolerancia cero contra los religiosos que estén involucrados en abuso sexual a menores y que la Santa Sede solicitó a todas las conferencias episcopales ponerse de acuerdo y que cada una tenga un protocolo de investigación para estos casos.
Valenzuela mencionó que la Conferencia Episcopal Paraguaya aprobó el documento el año pasado y ahora pone a conocimiento público su contenido.
“La Iglesia procura defender siempre a los menores porque son la riqueza de la familia y de la sociedad”, expresó en conferencia de prensa.
El padre Narciso Velázquez explicó los alcances del protocolo de investigación y la guía del procedimiento a seguir en caso de presentarse una denuncia de abuso sexual a un menor que involucra a clérigos o personas involucradas con la institución.
Las indagaciones tendrán dos momentos. La primera se denomina investigación previa, en la que se determina la existencia o no de documentos verosímiles sobre el posible hecho de abuso. El procedimiento estará encabezado por la autoridad eclesiástica correspondiente.
Luego esos documentos serán remitidos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se convertirá en un Tribunal Supremo. Esta dependencia valorará todos los elementos y posteriormente emitirá una pena.
En la investigación previa también se le cesará del cargo, en forma temporal, al religioso implicado en la denuncia. En caso de ser sacerdote se lo alejará del ministerio activo.
Si en esa etapa del procedimiento se desestima la causa porque no se llega a probar suficientemente que haya verosimilitud, la persona afectada debe ser repuesta inmediatamente en el cargo tras el anuncio oficial de la misma autoridad eclesiástica.
Pero si al finalizar el proceso es probada la culpabilidad, el afectado quedará definitivamente alejado del cargo.
Dentro de ese mismo proceso, las autoridades de la Iglesia están obligadas a brindar los elementos necesarios a la Justicia ordinaria para no entorpecer la investigación del Ministerio Público.
