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Editorial
jueves 16 de febrero de 2017, 02:00

Iglesia debe ser la primera defensora de los abusados

A diferencia de las acciones de justicia y transparencia que promueve el propio papa Francisco, miembros de la jerarquía católica paraguaya siguen sosteniendo posturas que buscan encubrir o minimizar las denuncias sobre abuso sexual cometido por algunos sacerdotes, por miedo al escándalo. Una carta del arzobispo de Asunción, en la que califica de "acto indecoroso" la acción de un párroco imputado por coacción sexual, causa indignación en sectores de los propios fieles, sobre todo cuando el prelado pide cuidar la información y "no hacer de una piedrita una montaña". El episcopado debe ser el primero en propiciar la investigación de estos delitos, para no exponer la credibilidad de la Iglesia en ningún caso.

"¡Cuántas mujeres padecen el peso de la vida y el drama de la violencia! El Señor quiere que vivan libres y con plena dignidad", afirmaba el papa Francisco desde su cuenta de Twitter @Pontifex_es el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En esta misma línea, el actual Pontífice ha profundizado la línea de su antecesor Benedicto XVI, alentando a denunciar los casos de sacerdotes pedófilos o que cometan abuso sexual. "Asumamos clara y lealmente la consigna tolerancia cero en este asunto", enfatizó en una carta enviada el 28 de diciembre a todos los obispos del mundo.

En el Paraguay, aunque se han dado pasos importantes, como la presentación de un "Protocolo para investigar denuncias contra sacerdotes sobre abuso sexual de menores" por parte de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), en febrero de 2016, persiste en algunos miembros de la jerarquía eclesial la mentalidad de minimizar ciertas denuncias, por temor a que el escándalo ocasione un "daño mayor".

El caso que actualmente provoca reacciones en sectores de la sociedad y de la misma Iglesia Católica es el de una joven catequista, coordinadora de la Pastoral Juvenil en la parroquia de Limpio, quien en setiembre último denunció al entonces cura párroco, el sacerdote Silvestre Olmedo, de haberla coaccionado y manoseado sexualmente.

Una carta escrita por el arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, dirigida a los jóvenes, sostiene que lo ocurrido fue "un gesto indecoroso" por parte del sacerdote, quien fue apartado de la parroquia y sometido a ejercicios espirituales. Es una visión muy distinta a la de la Fiscalía, que en noviembre imputó al padre Olmedo por el delito de coacción y violación a la autonomía sexual.

El arzobispo recomienda en la nota: "Debemos cuidar de no hacer de una piedrita una montaña. Esto quiere decir que cuidemos la información de un hecho similar para evitar daños mayores, producidos por la difusión de los medios de comunicación". Expresión que es entendida como un llamado a que este tipo de denuncias no trasciendan.

Callar y manejar internamente casos que son considerados hechos punibles le hace poco favor a una Iglesia que ha sido históricamente valorada por la valiente defensa de los derechos humanos, especialmente durante la dictadura.

Si el episcopado se refiere a estos delitos de manera leve, solo va a perder credibilidad. Es de esperar que del debate y la polémica surja un cambio y una acción más valiente y transparente por parte de la Iglesia ante un tema que preocupa a toda la sociedad. Porque la Iglesia debe ser la primera defensora de los abusados.