“Entrar en una prisión brasileña es una vuelta en el tiempo, volver a la Edad Media, con celdas oscuras, sin ventilaciones, insalubres y donde la proliferación de enfermedades es fácil, como la tuberculosis”, además de los problemas de alimentación y falta de agua, afirmó César Muñoz, investigador de HRW, durante la presentación del capítulo brasileño del informe anual de la organización.
Los problemas del sistema penitenciario brasileño quedaron expuestos en los primeros días de 2017, cuando varias reyertas entre facciones rivales dejaron más de 100 muertos en cárceles del norte del país.
“La obligación del Estado es cuidar las personas bajo su custodia, separar a los presos”, algo que no se produce actualmente en Brasil, lamentó el investigador.
La directora de HRW en Brasil, Maria Laura Canineu, criticó la Ley de Drogas que rige en el país, aprobada en 2006, que endureció las penas para traficantes y supuestamente las ablandó para usuarios, aunque abrió lagunas que permiten a los jueces aplicar criterios subjetivos y han multiplicado la población carcelaria.
Según el informe, mientras que en 2005 apenas el 9 % de los presos en Brasil fue condenado por drogas, en 2014 la cifra subió hasta el 28 % porque la falta de claridad en la ley provoca que muchos usuarios hayan sido condenados como si fuesen traficantes.
“Aunque la ley haya sustituido la pena de prisión para usuarios de drogas por medidas alternativas, como el servicio comunitario, lo que debería haber reducido la población carcelaria, su lenguaje vago posibilita que usuarios sean condenados como traficantes”, afirmó.
No obstante, Canineu valoró el proyecto de ley sobre la audiencia compartida que se tramita en el Congreso, que garantizaría el derecho del detenido a presentarse ante el juez durante las 24 posteriores a su prisión en flagrante, una ley que apenas Brasil y Cuba no tienen en América Latina.
El capítulo brasileño del informe global de HRW denunció también “la violencia policial, la violación de los derechos humanos por parte de policías, violaciones serias y ejecuciones policiales” que vive el país, en especial en áreas como el estado de Río de Janeiro.
Según HRW, las muertes a manos de la policía en Río de Janeiro saltaron de 416 en 2013 a las 815 registradas en los once primeros meses del pasado año, y en casi todas ellas, prevalece la impunidad para los agentes.
“Son el doble de muertes porque las autoridades de Río de Janeiro no investigan las muertes de policías. Es un fallo, porque aunque parte de estas muertes es una respuesta a un tiro, otras son ejecuciones. Tenemos el registro de al menos 74 ejecuciones”, dijo Muñoz.
A su juicio, “las ejecuciones rompen la confianza de la comunidad” que se había establecido con la implantación desde finales de 2008 de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de la ciudad, con las que se logró expulsar a los narcotraficantes que las dominaban desde hacía años.
“Para luchar contra el crimen, necesitas la comunidad”, agregó Muñoz, y lamentó que “las ejecuciones extrajudiciales perjudican a los propios colegas” ya que “ponen en riesgo la vida de otros policías”.
“Se tiene que responsabilizar a los policías que matan o no pararán de matar”, añadió.
El investigador criticó las “difíciles y precarias instalaciones” en las que trabajan los policías de Río de Janeiro, sus “horarios largos, con la hora extra obligatoria y un apoyo psicológico muy deficitario”.
“Hay 70 psicólogos para 48.000 policías militarizados” en el estado, lamentó Muñoz, para quien “la sociedad y el estado de Río de Janeiro ha abandonado a sus policías”.
