Por primera vez en toda América Latina se logra concluir un juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor u Operativo Cóndor, la coordinación represiva montada en los años 70 y 80 por las dictaduras de varios países del Cono Sur para secuestrar, torturar y asesinar a opositores, más allá de las fronteras de cada nación.
Se espera que el veredicto que se dará a conocer esta tarde, en el Tribunal Oral Federal 1 de Buenos Aires, responda a las exigencias de justicia que los familiares de las víctimas vienen impulsando desde que se iniciaron dos procesos, incluidos en el mismo juicio: El primero, sobre casos de represión en el centro de detención ilegal Automotores Orletti, desde 2004, y el segundo, sobre el Plan Cóndor propiamente, que se abrió en marzo de 2013, aunque las primeras denuncias se realizaron ya en 1999, con casos de ciudadanos paraguayos y chilenos desaparecidos en Argentina.
De las 105 víctimas incluidas en el expediente sobre el Plan Cóndor, hay 45 uruguayos, 22 chilenos, 15 paraguayos, 13 bolivianos y 10 argentinos. De este total, 89 fueron secuestrados en Argentina, 5 en Paraguay, 4 en Uruguay, 4 en Bolivia y 3 en Brasil. Hay 18 imputados, para quienes la Fiscalía pidió hasta 25 años de prisión, y para quienes se conocerán las sentencias, entre ellos el ex presidente militar argentino, general Reinaldo Bignone. Otros dictadores, como Jorge Rafael Videla (Argentina), Alfredo Stroessner (Paraguay), Augusto Pinochet (Chile) y Hugo Bánzer (Bolivia), a quienes se acusó inicialmente, ya no fueron incluidos porque fallecieron.
En el caso del Paraguay, el tema cobra particular interés ya que entre los casos de las 15 víctimas están incluidos conocidos luchadores como el médico Agustín Goiburú; la ex jefa y maestra de vida del actual papa Francisco, Esther Ballestrino de Careaga; el ex sindicalista Antonio Maidana; el músico y político colorado Epifanio Méndez Fleitas y el ex militar Federico Tatter Morínigo, entre otros.
Lo llamativo de esta situación es que, a pesar de que se han realizado también denuncias puntuales de cada caso ante la Justicia paraguaya, los familiares de las víctimas no han obtenido mucha respuesta en su propio país, como ahora sí lo obtienen ante la Justicia argentina. Es una lamentable comprobación del poco interés de nuestros jueces y magistrados en juzgar casos de flagrante violación de los derechos humanos, lo cual hace que la impunidad siga protegiendo a los represores.
Más allá de cuál sea la sentencia judicial ante los crímenes del Plan Cóndor, el juicio en sí ya constituye una postura ejemplar ante la acción criminal de las dictaduras y, sin duda, dejará sentado un interesante precedente para que nunca más se instalen estos regímenes totalitarios, aliados criminalmente para oprimir y asesinar a su propios pueblos.