Hoy, la Cámara de Senadores va a estudiar el planteamiento de modificar la Ley de Alianza Público-Privada (APP). Es inadmisible e irracional que, apenas unos pocos meses después de su aprobación en el Congreso, algunos parlamentarios se dieran cuenta de los problemas que generaría la aplicación de la norma.
El Parlamento cuenta con suficientes recursos para garantizar un profundo análisis de todos los proyectos de ley por parte de profesionales nacionales y expertos extranjeros si fuera necesario.
Los representantes del pueblo tienen la obligación de dedicarse a tiempo completo a su función legisladora y con los recursos adicionales con los que cuentan contratar a técnicos que les apoyen en crear leyes útiles al país.
En el caso que da sustento a la ley de la APP, hay una profunda experiencia a nivel mundial en los últimos 30 años acerca de lo que funciona y no funciona, para qué sirve y, sobre todo, cuáles son sus riesgos y problemas. No había ni hay nada nuevo que inventar en esta materia.
En el mundo, y en particular en América Latina, países como Chile y Uruguay tienen recientes experiencias exitosas, pero también las hay fracasadas y a un alto costo en países desarrollados.
Las experiencias ya existentes y la evidencia que surge de ellas debieran haber sido utilizadas oportunamente por los legisladores para diseñar una norma que sea útil al país en materia de financiamiento privado de la inversión.
Ante la baja e inequitativa presión tributaria y la escasa dotación de infraestructura que tiene Paraguay, las alianzas público-privadas, en determinados tipos de infraestructura y con el adecuado control estatal y de la ciudadanía, pueden constituir una solución para el país.
No es posible que con lo que le cuesta al contribuyente el mantenimiento del Poder Legislativo, los parlamentarios no sean capaces de analizar a profundidad los proyectos de ley y comprender las ventajas y desventajas de cada una de las propuestas.
Es realmente decepcionante la forma en que se comporta la clase política, más aun considerando que una parte de esta, los parlamentarios, fueron elegidos a través del voto. En su calidad de cargos electivos, los ocupantes del Parlamento deberían tomar sus decisiones en función del cumplimiento de las promesas electorales y del bienestar general.
El Parlamento debe dejar de votar proyectos sin comprenderlos y derivados de acuerdos políticos para responder a las necesidades de la gente y legislar en función de la misma. Debe hacer a un lado la actitud de votar por leyes según las conveniencias políticas del momento con lo cual están restando al país la posibilidad de ser un país gobernado por la razón y no por la politiquería.
La seguridad jurídica y la previsibilidad constituyen pilares para un crecimiento sostenido y para el mejoramiento de las condiciones sociales. Es hora de que los parlamentarios tomen en serio su labor legislativa dejando de lado sus intereses particulares y dando prioridad a los de la República.
