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miércoles 13 de julio de 2016, 01:00

Hay que parar el descontrol de funcionarios del Congreso

Un total descontrol en el manejo de los funcionarios del Congreso Nacional, con masivas ausencias, falta de registros y documentaciones, ha sido revelado por una investigación interna. Es una situación que ya se conocía, pero ahora se reafirma oficialmente, relacionándose con varios casos denunciados sobre cobros indebidos de salarios, desvíos de recursos, planillerismo y otras graves irregularidades. Es de esperar que las nuevas autoridades del Poder Legislativo profundicen el proceso de saneamiento administrativo, implantando mejores sistemas de control que pongan fin a la deplorable imagen de clientelismo político y corrupción.

Desde que los organismos del Estado cedieron ante el reclamo de la prensa y de sectores ciudadanos, aceptando divulgar sus planillas de salarios, en el proceso de sanción de la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y de Transparencia Gubernamental, se detectaron varios casos de irregularidades y de corrupción, como los que involucran a legisladores que pagaban sueldos a sus niñeras o caseros particulares con rubros del Poder Legislativo, o de quienes favorecían con sueldos públicos a parientes, amigos, amantes u operadores políticos, en flagrantes casos de planillerismo.

A pesar del escándalo que aquellas denuncias periodísticas provocaron en su momento, el carnaval con el dinero público en el Congreso no se ha acabado.

Esta semana se han divulgado los resultados de una reciente evaluación realizada sobre la gestión de la Dirección de Recursos Humanos, que pone de resalto un total descontrol en el manejo de los funcionarios del Congreso, incluyendo masivas ausencias, violación de sistemas de control con el reloj biométrico, mala distribución de tareas, documentos incompletos desactualizados, entre otras muchas irregularidades.

Un primer intento de regularizar la situación y de ejercer un mayor control, dispuesto por el anterior presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez, a través del nombramiento de una nueva directora de Recursos Humanos, en marzo de este año, había provocado una ruidosa manifestación de funcionarios que se opusieron al proceso. Varios dirigentes del grupo, entre ellos la novia de un conocido senador liberal, acabaron procesados por perturbación de la paz pública.

Entre las múltiples irregularidades detectadas por la reciente evaluación sobresalen aspectos llamativos, como el hecho de que el director de Control de Personal del Congreso, Rubén Darío Torres, quien era el que debía controlar la asistencia de los funcionarios, es el que aparece con más ausencias en las planillas. El actual presidente del Congreso, Robert Acevedo, dispuso ayer abrir un sumario contra Torres, por sus acusaciones contra la actual directora de Recursos Humanos, Mirian Arroquia, vertidas en un audio filtrado en forma pública.

Todo este crítico panorama contribuye a deteriorar aun más la pésima imagen del Congreso Nacional, reafirmando la vigencia de casos de clientelismo político, con la consiguiente dilapidación de fondos y recursos públicos en provecho de algunos funcionarios y legisladores cómplices. Es de esperar que las nuevas autoridades del Poder Legislativo profundicen el proceso de saneamiento administrativo, implantando mejores sistemas de control, que ayuden a poner fin a esta lamentable situación.