El ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, acaba de volver a poner el dedo en la llaga. Alarmantemente dijo que la cantidad de funcionarios que reclaman indemnizaciones por despido o pago por escalafonamiento ha subido, en los últimos tres años, de 72 a 119. De ellos –dijo– 80 se hallan en trámite actualmente.
De más está señalar que, dada la ya habitual desidia e incapacidad de los abogados que tendrían que defender los intereses públicos, lo más seguro es que estas acciones se pierdan.
El aumento de demandas demuestra también que no se han tomado las medidas pertinentes en tiempo y forma para evitar que este tipo de maniobras siga perjudicando al erario público. Solo a modo ilustrativo, podemos mencionar que en apenas dos casos perdidos el Ministerio deberá pagar USD 600 mil.
El canciller habló de una “cadena de mafias”, lo cual hace suponer que hay eslabones de delincuencias dentro de la administración pública, con ladrones oportunistas que se ponen de acuerdo para reclamar sumas multimillonarias, para posteriormente llegar a repartirse lo que el pueblo paraguayo terminará abonando.
Relaciones Exteriores afronta así una lacra de demandas que succionan sus recursos. Pero Loizaga no puede contentarse solamente con denunciar cada tanto el próspero negocio de unos cuantos que desangran a una secretaría de Estado que necesita utilizar mejor sus recursos y no estar pagando millones para que unos pocos se llenen los bolsillos inescrupulosamente.
La obligación del canciller, como administrador de un bien público esencial de la República, es implementar mecanismos que puedan frenar a quienes han hallado en Relaciones Exteriores una mina de oro para enriquecerse. Y, para colmo, en algunos casos, con irreverencia extrema, estos elementos que él denomina “de la mafia” siguen siendo funcionarios de la esquilmada cartera.
El dinero asignado por el Presupuesto General de Gastos de la Nación debería invertirse para atraer capitales, incentivar intercambios culturales, colocar productos nacionales de exportación y abrir oportunidades de becas para la formación de grado y posgrado de profesionales de las diversas áreas del saber. Es inadmisible que a través de esta cartera se siga alimentando el apetito voraz de unos pocos, utilizando los resortes legales para tal objetivo.
Es de esperar que el titular de la Cancillería pase de la denuncia a las acciones, estableciendo los mecanismos necesarios para parar esta sangría.
