La seguridad social refleja el compromiso compartido de diferentes actores que se ponen de acuerdo para establecer un piso mínimo de bienestar. El aporte conjunto de trabajadores, empleadores y del Tesoro para financiar acceso a salud e ingresos en la vejez no solo es un mecanismo de solidaridad presente, sino también entre las generaciones, ya que quienes hoy trabajan y aportan sustentan el bienestar de quienes ya están en edad de retiro.
La seguridad social, además de ser el reflejo del sistema de valores vigente en una sociedad, es un instrumento para reducir la pobreza y los riesgos que enfrenta cualquier persona a lo largo de su ciclo de vida. Es uno de los medios más importantes con que cuenta la política de protección social para cumplir sus objetivos de mitigación de la vulnerabilidad social y económica.
Así, la mala o inadecuada administración de los recursos del IPS pone en riesgo uno de los pilares más importantes con que cuenta el Estado para garantizar el bien común.
Las autoridades deben generar el contexto adecuado para instalar un debate nacional sobre las acciones que se deben tomar para garantizar que el IPS se sostenga a largo plazo y aumente su cobertura. Tanto el crecimiento de la cobertura para disminuir la exclusión como la garantía de la sostenibilidad para los que ya estén adentro deben basarse en rigurosos estudios y análisis que determinen las condiciones que permitirán estos objetivos.
Este debate es particularmente importante en un país como Paraguay, que está enfrentando fuertes cambios demográficos que afectan a la estabilidad de la seguridad social: el progresivo envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida al nacer. Estas transformaciones obligan a revisar la actual normativa y el modelo de gestión y hacer los cambios necesarios para sostener a largo plazo una institución tan importante como IPS.
El país debe discutir seriamente cuáles son las condiciones para que el IPS se fortalezca. Si ello implica aumentar el número de años de aporte o la edad para jubilarse, pues será necesario considerar dicha opción. La diminución de la evasión empresarial, el aumento de la eficiencia en el uso de recursos disponibles, el cumplimiento oportuno del aporte estatal y la formalización del empleo son objetivos que cualquier gobierno que busque el bienestar de la población debiera poner en primer lugar.
En definitiva, fortalecer y ampliar la cobertura del IPS debe ser objeto de un debate ciudadano a la luz de las transformaciones demográficas y económicas. Este debate debe llevar al país a consensuar las reformas necesarias para universalizar el derecho a la salud y a un ingreso digno en la vejez.
