Los nombres mencionados por los procesados son mantenidos en reserva por los investigadores. El Ministerio Público planea realizar pericias a celulares para comprobar la veracidad de lo revelado por los detenidos. Estos señalaron a la Fiscalía que son la parte más débil de la cadena de la coima.
De hecho, en una grabación realizada con una cámara oculta de Latele, dos semanas atrás, los ahora imputados Esteban Giménez y Nicolás Casco afirmaron que tenían que “hablar con los otros compañeros” e incluso mencionan a un “equipo” (ver infografía).
Tras la detención de ambos, el fiscal del caso, José Dos Santos, explicó que el hecho se encuadra dentro del delito de tráfico de influencias, ya que ninguno de ellos podía realmente borrar la deuda, porque trabajan en dependencias donde no se manejan las deudas de los contribuyentes.
Esteban Giménez es funcionario de un departamento dependiente de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad, en tanto que Casco es funcionario de la Dirección de Participación Ciudadana. Por lo tanto, desde un principio la investigación apuntó a que hay más funcionarios de la Municipalidad implicados en el esquema de coimas.
FRAUDE. José Enrique García, director jurídico de la Municipalidad, agradeció al ciudadano que se animó a hacer la denuncia. “Lo que sabemos es que hubo una oferta de realizar un fraude en los sistemas de información, generar una exoneración improcedente mediante falseamiento de datos a cambio de dinero”, explicó García.
Sobre el punto, recordó que, una vez que el contribuyente reportó el caso a autoridades, la misma Comuna realizó la denuncia correspondiente en la Fiscalía Anticorrupción y también adelantó que la administración municipal buscará esclarecer si más funcionarios estarían involucrados en el sistema de cobro de coimas.
Juan Ardissone, director de Planificación de la Comuna, señaló que en todos los casos de corrupción es indispensable la predisposición de los contribuyentes para acompañar las denuncias.
“Hoy en día tenemos varios inconvenientes y denuncias de ciudadanos, inclusive se les estaba proporcionando contraseñas falsas de supuestos trámites iniciados ante el Municipio”, comentó Ardissone.
El fiscal Dos Santos solicitó al juzgado medidas alternativas a la prisión preventiva para ambos imputados. Estos se exponen a una pena de hasta cinco años de cárcel por tráfico de influencias.
