ITAKYRY
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, afirmó ayer que hay indicios que muestran que hay una posibilidad de que civiles se hayan arrogado funciones policiales y de la autoridad judicial, al referirse al supuesto atropello a la comunidad indígena Ava Guarani, denunciado hace 2 semanas en Itakyry.
El caso afecta a nativos que están asentados en una extensión de 2.638 hectáreas de tierras, con problemas de superposición de títulos.
La denuncia de coacción grave, que está siendo investigada por los fiscales Adolfo Santander y Alfredo Acosta Heyn, refiere que guardias civiles de la firma Inpasa SA ingresaron a la comunidad, efectuaron disparos y quemaron 15 ranchos precarios, y desmantelaron una escuela pública del MEC.
El conflicto causó la división entre los propios nativos que residen en el inmueble, ya que 4 caciques de las 5 comunidades de la parcialidad Ava Guaraní sostienen que uno de ellos, Luciano Villalba, con su comunidad 3 de Julio Ysatî, abandonaron el inmueble por voluntad propia para mudarse a Canindeyú y con apoyo logístico de Inpasa.
ministerio. “La intervención de la Fiscalía es por la posibilidad cierta de que particulares se hayan arrogado atribuciones que corresponden a organismos de seguridad del Estado. A partir de ahí se hizo el trabajo que está haciendo el Ministerio Público, los días, las semanas nos van a permitir determinar con claridad lo real que ocurrió allí y las personas involucradas”, afirmó ayer Francisco Javier Díaz Verón.
Recordó que hay personas imputadas en el caso y que el Ministerio Público tiene la obligación constitucional en proteger a los indígenas. “Nuestra institución tiene que hacer lo máximo en cuanto a los servicios que presta a los efectos de estar al lado de estas personas y sobre todas las cosas cuando se violenta la ley, a los efectos de que se haga justicia con ellos o con cualquiera”, acotó.
