Se encontraron “120 puntas artesanales, 60 martillos, 28 piezas mecánicas y 86 cuchillos”, detalló hoy el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, apodado “el Bronco”, en rueda de prensa.
Este tipo de objetos fueron utilizados en este cruento motín del que se sabe que solo uno de los 49 muertos recibió el disparo de un guardia, mientras que los otros, en medio de un incendio, recibieron heridas de armas punzocortantes y contusiones de palos, bates y otros objetos metálicos.
En el cateo se encontró también medio kilo de marihuana, 30 pastillas psicotrópicas, 23 dosis de cocaína en piedra y 30 en polvo, 38 dosis marihuana, así como dos pantallas de 27 pulgadas, 400 encendedores, 16 memorias USB y 10 reproductores mp3.
Rodríguez Calderón anunció también que ya se había efectuado el traslado de 233 reos a penales federales para mejorar la situación en este centro penitenciario, donde el jueves no se reportó ninguna fuga.
Entre ellos los dos internos y presuntos responsables de la tragedia, Jorge Iván Hernández Cantú, el “Credo”, y Juan Pedro Salvador Saldívar Farías, el “Z27", ambos miembros del cártel de los Zetas en disputa por el control del penal.
“Esta despresurización del penal nos dio la oportunidad de tener el control completo del penal”, sentenció el gobernador.
De los 49 fallecidos, ratificó que se han identificado 40 de ellos y confió en que a lo largo del viernes sean reconocidos los nueve restantes.
Explicó que dos de los cinco heridos de gravedad evolucionan favorablemente, y los otros tres siguen con un estado de salud delicado.
El Bronco, primer gobernador independiente de la historia de México, ha visto mermar su popularidad ante este suceso que ha destapado la falta de control en los penales del estado.
En este contexto, unas 400 personas que pudieron entrar hoy en el recinto para ver a sus familiares denunciaron que algunos de los internos fueron golpeados por las fuerzas federales, reclamaron que hay reos que llevan 24 horas sin comer y que fueron sacados al patio sin sus pertenencias.
Además, en declaraciones a Efe, revelaron la existencia de pagos de los internos a los grupos que controlaban el recinto para garantizar su seguridad e insinuaron que la dirección del penal podría estar involucrada en la trama.
Tras la tragedia, legisladores de los principales partidos políticos achacaron a Rodríguez Calderón, quien asumió como gobernador en octubre pasado, falta de experiencia, coordinación y lentitud en la respuesta.
El suceso se dio “por uno de esos arrebatos que no tienen nada que ver con comportarse o estar a la altura de un hombre de Estado”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El conservador Partido Acción Nacional (PAN) exigió “una explicación, una investigación a fondo y que se castigue a los responsables” y uno de sus senadores, Javier Lozano, arremetió contra el “pésimo manejo de crisis” y culpó al gobernador de guardar silencio siendo especialista en comunicar vía redes sociales.
La mayoría de políticos lo culparon también del fin de un convenio firmado en la Administración anterior para la presencia del Ejército en el estado, que contemplaba también el resguardo del exterior de penales como el de Topo Chico, víctima de atentados con armas de fuego y granadas en multitud de ocasiones.
En su defensa, el gobernador explicó que el control del penal está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, si bien se busca un acuerdo para que la Policía Federal coadyuve en el resguardo de las instalaciones.
También se está trabajando para renovar el convenio con la Secretaría de Defensa Nacional, caducado en septiembre, señaló Rodríguez, quien atribuyó a decisiones judiciales la tragedia.
El Z27 fue trasladado de un penal de máxima seguridad hacia Topo Chico en noviembre y el Credo, que iba a ser enviado a otra prisión, logró un amparo para evitar el cambio.
“La mezcla de estos dos delincuentes genera esta explosión en el penal”, afirmó, luego de reconocer, sin embargo, “autogobierno por incapacidad de recursos, custodios insuficientes y corrupción en el interior” de la cárcel.
Aseguró que en el recinto, uno de los más antiguos del estado y con una sobrepoblación cercana al 35 %, se está buscando depurar responsabilidades, y deseó que pronto puedan cerrar el penal.
De momento, las escalofriantes cifras hablan por sí solas y aunque la situación pueda deberse a un descontrol endémico del sistema penitenciario nacional, no cabe duda de que esta tragedia impactará en su imagen.
Familiares de los presos, aunque más calmados tras conocer la situación de los internos, acusaron al Bronco de actuar con “negligencia” e irresponsabilidad.
