Resultó una llamativa sorpresa que –justo en el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Torturas– el pasado 26 de junio la agente fiscal Liliana Zayas Guggiari, de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, haya decidido imputar a diez ex policías de la época stronista, acusados de haber cometido hechos de tortura contra varias víctimas entre los años 1976 y 1978, como crímenes que se consideran imprescriptibles.
En este caso, la agente fiscal tomó como base la denuncia de una de las víctimas, Domingo Guzmán Rolón. El martes 27, el juez de Garantías Pablino Escobar admitió la imputación y fijó audiencia para que los acusados comparezcan ante la Justicia, a partir del viernes 7 de julio.
Entre los diez acusados se encuentran conocidos ex represores, de siniestra fama, como Lucilo Benítez, alias Kururu Pire; Camilo Almada Morel, alias Sapriza; Eusebio Torres, Agustín Belotto, entre otros. Todos ellos tienen edades que van entre los 65 y 87 años.
Aunque el caso pueda ser interpretado como un significativo avance contra la impunidad de los crímenes del régimen stronista, no deja de resultar decepcionante que esta resolución se adopte luego de más de tres décadas de que estos casos hayan ocurrido, cuando todos los acusados ya se encuentran en avanzada edad, por cuya razón podrán beneficiarse con medidas alternativas y evitarán ir a la cárcel.
¿Por qué la Justicia esperó tanto para juzgar y sancionar estos casos, reclamados insistentemente por las víctimas y por la mayoría de las organizaciones de defensa de los derechos humanos? Muchos de otros principales acusados, incluyendo al propio ex dictador, general Alfredo Stroessner, y varios de los miembros de su primer anillo de gobierno ya fallecieron, librándose de rendir cuentas por los muchos casos de violaciones de derechos humanos que se han denunciado, y que están pormenorizadamente relatados en el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia, entregado en forma pública en 2008.
También resulta llamativo que la Justicia no tome en cuenta varios casos más actuales, entre ellos que la tortura continúa aplicándose sistemáticamente desde organismos policiales. Más de la mitad de los menores detenidos en los últimos años por la policía denuncian haber sido torturados, según informes oficiales del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP). Igualmente, permanecen en la impunidad numerosos casos de periodistas, campesinos y activistas sociales asesinados o atacados. Es de esperar que estos delitos merezcan atención, antes de que transcurran otros 30 años.
