Según mencionó el profesional, los acreedores de los bonos 2017 tendrán serios problemas para establecer la validez y exigibilidad de los mismos, y el Paraguay podrá alegar –en caso de demanda judicial– no solo que los bonos no valdrán, sino que el país jamás renunció a su inmunidad soberana.
“La renuncia a esta defensa no puede darse sobre la base de la tácita reconducción de un presupuesto”, sostuvo.
Consideró igualmente que la emisión de los bonos, sin la aprobación del Poder Legislativo hace que se debiliten las instituciones nacionales.
“El ministro (Santiago) Peña no tiene aprobación del Congreso para obligar y representar al Paraguay; por lo tanto, expone al país a una situación similar al caso de Gramont Berres”, manifestó.
El letrado añadió que la emisión realizada traerá consecuencias a futuro para el país, por lo que consideró que fue un grave error del Gobierno.
El Ejecutivo, no obstante, decidió no esperar la decisión del Congreso y emitir los títulos de deuda pública amparados en un dudoso fallo judicial emitido en febrero por la Corte Suprema.