También se solicitan a la cartera de Estado copias de todas las documentaciones que respaldaron las actuaciones policiales. Asimismo, el plano de ubicación de los lotes que fueron afectados con el desalojo, con la mención de sus propietarios.
Durante el operativo desalojo, calificado por diferentes organizaciones sociales como violento, fueron aprehendidos seis campesinos.
Tras 24 horas de detención, fueron puestos en libertad, por disposición del juez de garantías de la ciudad de Caaguazú, Ángel Baranda, quien hizo lugar al pedido de medidas alternativas a la prisión solicitado por el defensor público Julio Chávez.
Sobre la acción policial, la FNC se pronunció rechazando el uso de la fuerza contra humildes y necesitados campesinos de contar con un pedazo de tierra para la subsistencia. Además responsabilizaron de la situación al Indert, que debía enviar funcionarios para localizar las parcelas en condiciones de ser adjudicadas a las familias del lugar.
