González, que participará en la defensa de los líderes opositores encarcelados Leopoldo López y Antonio Ledezma, afirmó hoy que en Venezuela “hay presos por ser políticos” y que los intentos de diálogo realizados hasta ahora no han dado resultados satisfactorios.
“Sé los esfuerzos que se hacen desde la Unasur, ahora bien, son francamente insuficientes”, dijo a la emisora colombia W Radio.
Además, aseguró que no pretende “sustituir ninguna institución” y valoró la intención de lograr un “diálogo abierto para solucionar problemas”.
"¿Las instituciones están intentado que haya clima de diálogo? Si, lo están intentando. ¿Están teniendo eficacia hasta el momento? Hasta el momento no”, declaró González.
El exjefe del Gobierno español, que ocupó el cargo entre 1982 y 1996, defenderá junto con el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y el abogado y parlamentario canadiense Irwin Cotler a López y Ledezma, acusados de pertenecer a grupos violentos con planes para desestabilizar al país.
No obstante, reconoció que su objetivo podría entorpecerse si se le niega la entrada al país, algo que no cree que se produzca pero que no descarta, después de que diputados chavistas le acusaran de “injerencia” y de que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, afirmara que “no tiene facultades” para ejercer allí la abogacía.
“Si me prohíben la entrada a Venezuela, deben hacerlo formalmente”, subrayó.
González explicó que para la defensa de López y Ledezma se están “utilizando las leyes venezolanas”, por lo que la estrategia legal se basa en la “institucionalidad” y negó que, tal y como afirma Maduro, forme parte de un eje “antivenezolano” Madrid-Bogotá-Miami.
“Mi objetivo inmediato es que los presos políticos estén en la calle”, aseguró.
El expresidente declaró que la crisis de Venezuela le preocupa “desde hace mucho tiempo”, pero que han sido los recientes problemas económicos del país suramericano y la política económica del Gobierno, que “está llevando a la ruina” a la nación, los detonantes de su participación.
Recordó que “en Venezuela no es un delito la revolución política” y que “vulnerar el derecho a la defensa es una de los problemas más grandes en los que puede caer un país”, en alusión a la situación denunciada por los opositores.
“Nadie puede tener la tentación de enfrentar las elecciones enviando a los adversarios a la cárcel”, aseveró el exgobernante, que negó que exista alguna prueba “que sostenga que (los) presos políticos en Venezuela son asesinos”.
Por otro lado, afirmó que no le ha “pedido ayuda al Gobierno español para defender a los presos políticos” del país suramericano donde, sostuvo, se vive una “situación dramática” que ha empeorado desde la muerte del expresidente Hugo Chávez en marzo de 2013.
