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CARACAS - VENEZUELA
El gobierno socialista de Venezuela instalará en las próximas horas una controvertida Asamblea Constituyente, que reescribirá la Carta Magna, a pesar del masivo rechazo en casa y la condena de gobiernos de América y Europa.
El domingo quedó casi conformada la Asamblea Nacional Constituyente, que entrará en funciones en la semana, tras una elección con una participación que según la autoridad electoral superó el 41 por ciento del padrón, pero que para la oposición no fue mayor al 12 por ciento.
El mandatario socialista Nicolás Maduro ha dicho que su iniciativa busca pacificar el país, inmerso en una ola de protestas que ha dejado más de 120 muertos, pero la oposición considera que sólo busca perpetuarse en el poder al dilatar las elecciones, incluidas las presidenciales de fines del 2018.
El nuevo cuerpo se instalaría a más tardar el jueves y sesionará en el edificio que ocupa el Parlamento opositor.
“A esa asamblea no la reconoce nadie. Es la nada. Nosotros estamos en nuestro Palacio Legislativo. Si ellos van a venir a tomar el Palacio con sus tanquetas, sus grupos paramilitares, aquí lo que les queda es pelea”, dijo el diputado opositor Juan Requesens.
La oposición y diversos analistas han puesto en duda los resultados oficiales porque, en medio de una aguda crisis económica, Maduro ha ido perdiendo apoyo de los 7,5 millones que lo eligieron en 2013.
Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia reciente, con una inflación de tres dígitos, recesión económica y escasez de alimentos y medicinas, un panorama que analistas creen empeorará con la instalación de la constituyente.
Diosdado Cabello, posible presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, advirtió de que, una vez instalado, el cuerpo de 545 asambleístas reemplazará a la fiscala general, crítica del Gobierno.
Maduro adelantó que uno de los objetivos de la Constituyente es crear una “comisión de la verdad” para dar con los responsables de la violencia que ya ha cobrado la vida de al menos 124 personas, algo que la oposición ve como una cacería de brujas que aumentará los presos políticos.
El Gobierno negó las acusaciones de fraude. “Si estos violentos hubieran permitido que todos salieran a votar la cifra se hubiese acercado a los 10 millones de votos”, dijo el líder oficialista Jorge Rodríguez.