La próxima semana se prevé un nuevo decreto que regirá la modalidad de compra simplificada que este año se implementó como plan piloto para la provisión del almuerzo escolar en los departamentos de Misiones y Paraguarí.
El ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), José Molinas, señaló que el nuevo documento sustituirá al Decreto 1056/13 que actualmente establece la modalidad simplificada.
Según la STP, se incluirán algunas mejoras necesarias identificadas en el decreto anterior, que fue creado para incorporar a pequeños agricultores al mercado de las compras públicas en el rubro alimentos (ver info).
El anuncio del nuevo decreto coincide con irregularidades detectadas en la aplicación del Decreto 1056 por parte de las gobernaciones que el Gobierno eligió para implementar el plan piloto, en el marco del programa de lucha contra la pobreza Sembrando Oportunidades.
Entre las modificaciones de las que hablan tanto los gobernadores como los voceros del Ejecutivo, lo único nuevo es el tope que le pondrán a cada adjudicación. Los demás ítems ya estaban pautados en el Decreto 1056/13.
No existe una explicación por parte de voceros del Gobierno que garantice el uso de las compras simplificadas, única y exclusivamente, en favor de pequeños agricultores, por lo que sigue latente el riesgo de que se sigan beneficiando a intermediarios.
El objetivo del régimen de compras simplificadas es eliminar la intermediación para que pequeños agricultores puedan proveer productos frutihortícolas al Estado.
Pero este diario descubrió que entre los adjudicados con las compras figuran proveedores que no son agricultores, sino simples intermediarios. Se trata de comerciantes y operadores políticos que no tienen cultivos y que se ganaron jugosos contratos. Antonia del Puerto, comerciante de San Juan Bautista, Misiones, adjudicada con G. 454 millones, Claudio Candia operador político beneficiado con una venta de G. 650 millones, se convirtieron en casos emblemáticos del modo que se violó el Decreto 1056.
Pese a las evidencias, los voceros del Gobierno como Juan Carlos Baruja, ministro de la Pobreza, dicen “no tenemos información de irregularidades”, tal como lo afirmó en la última conferencia que brindó en Misiones.
Los mismos gobernadores confirmaron como “debilidades” la adjudicación a los intermediarios, como indicó el de Paraguarí, Miguel Cuevas.
Baruja incluso aparece en fotos en redes sociales durante las visitas a las fincas de los productores beneficiados con las compras de la Gobernación de Paraguarí. Sin embargo, las fotos son en la casa de Francisco Fernández, un fanático operador del ministro antipobreza, que se adjudicó G. 875 millones para proveer 23 variedades de productos, de las cuales sólo planta tomate, según constató con una visita a su propiedad.
Todo un batallón movió el ministro Baruja para las visitas a las fincas de los “pequeños productores”, en compañía del gobernador Cuevas. Funcionarios del MAG, de la STP, hasta técnicos la FAO fueron de visita a predios de proveedores.
Hubo faltantes en las entregas de productos, ya que no se proveyó la cantidad ni variedad que figuran en los contratos, según las planillas de las escuelas a las que accedió ÚH en ambos departamentos.
La mala calidad de los productos fue otra falencia. Una denuncia donde Antonia Coronel, directora de la Escuela Dionisio Cabello de Carapeguá, protesta por productos podridos duerme en la supervisión de Paraguarí.
La compra sobrefacturada de naranjas a G. 14.400 el kilo por la Gobernación de Miguel Cuevas, cuando en el Mercado de Abasto de Asunción solo cuestan a G. 1.600 por kilo queda registrada como simples falencias a ser mejoradas, ya que el proyecto “es un éxito”, según Baruja.
A esto se suman las sospechas de alumnos fantasmas, ya que la cantidad de estudiantes beneficiados por el almuerzo escolar es mayor a los matriculados en ambos departamentos en los registros del Ministerio de Educación.
