AFP, EFE y REUTERS
BOGOTÁ - COLOMBIA
Los negociadores de paz del gobierno de Colombia llamaron ayer a “implementar ya” el nuevo acuerdo firmado el fin de semana con la guerrilla FARC, tras incorporar peticiones de sectores que se opusieron en las urnas al pacto original.
“Pienso que la mayoría de los colombianos muestra apoyo, satisfacción y, sobre todo, deseo de implementar ya. Este es el acuerdo final, así se denomina, y lo que no podemos es perder tiempo. Hay que comenzar la implementación”, dijo el jefe negociador Humberto de la Calle en rueda de prensa desde el palacio presidencial.
“Realmente no hay espacio para una nueva negociación, después de 130 horas de trabajo minucioso con las FARC, realmente esto es lo que tenemos”, añadió, refiriéndose a la renegociación que tuvo lugar en los últimos días para incorporar peticiones de los sectores que votaron “No” al acuerdo original, en el plebiscito del 2 de octubre.
el nuevo acuerdo. Tras intensas reuniones en La Habana, donde se desarrollaron las negociaciones en los últimos 4 años, las delegaciones del gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) firmaron el sábado un nuevo acuerdo de paz para acabar con medio siglo de confrontación.
Solo el lunes se publicó el nuevo texto y, aunque aún no emiten un pronunciamiento definitivo, representantes de partidos que rechazaron el acuerdo en las urnas, liderados por el ex presidente Álvaro Uribe, ya adelantaron su sorpresa ante el nuevo texto.
“Consideramos que ese acuerdo que se ha presentado no es un acuerdo definitivo y lo vamos a estudiar, revisar, a analizar con juicio y después de ese análisis cuidadoso le presentaremos nuestras conclusiones a la opinión pública”, dijo por ejemplo el abogado Rafael Nieto, cercano a Uribe, tras una reunión de voceros del “No”.
Ayer, sin embargo, el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, dijo: “No podemos tener un acuerdo de paz abierto de manera indefinida y dedicarnos a conversar, a dialogar y a llegar a un acuerdo perfecto, enemigo de lo bueno”.
jurisdicción especial. El nuevo texto queda por fuera de la Constitución y recoge plazos precisos para la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que solo podrá funcionar 10 años pero podrá prorrogarse 5 más. Igualmente muestra que las instituciones y autoridades de Colombia tendrán “la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final”, lo que sustituye al hecho de que el texto se integre en el bloque de constitucionalidad. En este sentido, De la Calle dijo que el nuevo texto “brinda estabilidad para cumplir lo pactado” y que haber incluido las propuestas de quienes se opusieron en un inicio es una gran oportunidad para conseguir un mayor apoyo. El acuerdo también recoge que las FARC entreguen sus bienes para reparar a las víctimas.
