Cuando aún la opinión pública no terminaba de asimilar un nuevo caso de secuestro de un colono menonita, luego de que el productor rural Franz Hiebert fuera llevado a la fuerza por desconocidos armados, el pasado 21 de agosto, cuando iba a retirar un tractor de una estancia en la colonia Santa Clara, en Tacuatí, apenas 11 días después, otro colono menonita, Bernhard Blatz Friessen, era también capturado por un grupo de hombres con armas, el viernes 1 de setiembre, cuando este se encontraba trabajando en la chacra junto con su padre.
De este modo, dos nuevos casos de secuestro ocurridos en menos de dos semanas se suman a los casos de otras tres personas que también permanecen cautivas en manos del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o de organizaciones criminales que se desprenden del mismo: el también colono menonita Abrahán Fehr, que en la fecha ya lleva 760 días secuestrado; el policía Edelio Morínigo, quien hoy cumple 1.159 días de cautiverio (siendo el más prolongado caso de secuestro en la historia del Paraguay) y el ganadero Félix Urbieta, quien cumple 328 días privado ilegalmente de su libertad.
Con estos dos últimos casos, el índice de inseguridad en el Norte de la Región Oriental se eleva a niveles inéditos, en materia de secuestros y de zozobra para las comunidades productivas. Lo más preocupante es que el Gobierno actual no da muestras de su capacidad de reacción para frenar esta escalada, que golpea y perjudica a una de las zonas claves para la economía nacional.
Aunque el presidente Horacio Cartes había prometido, al asumir el cargo en agosto de 2013, que no iba a permitir que los grupos amados le marquen la hoja de ruta, los militares y policías que componen la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), desplazadas a la región mediante una ley especial aprobada por el Congreso y con un presupuesto millonario, no han exhibido hasta ahora ningún resultado importante, ya que los principales cabecillas y los demás integrantes del grupo armado, lejos de ser capturados o vencidos, no han hecho más que fortalecerse y cometer nuevos atentados y secuestros, muchos de ellos en las propias narices de las fuerzas de seguridad.
Mientras, los miembros de una de las colectividades inmigrantes más laboriosas, conocidas por su dedicación a la producción agropecuaria, que contribuyen de modo significativo a la economía nacional, se encuentran actualmente en jaque, y muchos de sus miembros hablan de sus intenciones de irse del país.
Cabe exigir respuestas más concretas, que devuelvan tranquilidad y seguridad, y puedan evitar una penosa consecuencia.