No hay duda acerca de la necesidad de invertir más en infraestructura en el país. Esta inversión debe ser pertinente y en el tiempo planificado, sobre todo teniendo en cuenta que una parte importante se financia con endeudamiento, lo cual tiene altos costos para la ciudadanía.
Los problemas en la gestión de las inversiones públicas se observan diariamente. Techos que se caen, rutas y caminos con una duración menor a la prevista, deficiencias en la estructura de las obras viales, falta de mantenimiento, denuncias de sobrecostos, sospechas de corrupción y conflictos de intereses son temas que casi cotidianamente son observados y sufridos por la ciudadanía.
Si a esto se agrega la falta de planificación en los plazos y la tardanza en la ejecución, los costos aumentan y quien paga las consecuencias tanto de la falta de infraestructura como de la ineficiencia es la población.
Tanto el Ministerio de Hacienda como las instituciones receptoras de los fondos deberían planificar mejor de manera a garantizar que los fondos derivados del endeudamiento tengan un uso eficiente. La información proveida por la principal autoridad fiscal muestra que prácticamente no se han utilizado los fondos y ya estamos a mitad de año.
Las instituciones beneficiadas con estos fondos son de gran prioridad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. ANDE, INC, los ministerios del Interior, Salud, Educación, Obras Públicas y de Agricultura prestan servicios estratégicos y son también objeto de las mayores críticas ciudadanas.
Los cortes de energía eléctrica, las deficiencias en los establecimientos escolares, la exclusión de salud, la falta de caminos de todo tiempo y los problemas de producción y comercialización que enfrenta la población campesina muestran la necesidad de realizar inversiones en el país.
Nunca el Paraguay tuvo tantos recursos disponibles para reducir sustancialmente las brechas existentes en las necesidades de inversión. Las instituciones encargadas de implementar las obras y prestar los servicios deben ser responsables con quienes sufren los problemas y pagan con su esfuerzo el financiamiento de las políticas.
Si bien es cierto que los procedimientos para las contrataciones públicas son largos y son necesarios para garantizar eficiencia y transparencia, también es cierto que con una gestión anticipada y bien planificada es posible lograr la ejecución de las obras de manera oportuna, sin sacrificar calidad ni generar sobrecostos.
Cada una de las autoridades de las instituciones receptoras de los recursos originados en los bonos soberanos debe asumir su compromiso con el país e implementar las acciones necesarias que contribuyan a mejorar los bienes y servicios que proveen. Si no lo pueden hacer, deben dar un paso al costado.
