El Poder Ejecutivo arrojó más nafta al fuego que se desató con el sector industrial y empresarial en torno a la sanción de la ley que “modifica el artículo 255 de la Ley Nº 213/1993, Código del Trabajo, y deroga el artículo 256 del mismo”, a fin de establecer el aumento automático anual del salario mínimo. Ayer el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, afirmó que el aumento del salario mínimo corre desde este mes y para ello convocó para hoy, a las 8.00, al Consejo de Salarios Mínimos (Conasam) en el Ministerio de Trabajo.
El salario mínimo vigente en la actualidad es de G. 1.824.055 y el Gobierno estima que el incremento será en el orden del 7,7% (138.500 guaraníes).
Sosa dijo que estaban tramitando para que la promulgación de la ley sea en breve.
Consultado cuándo entrará a regir el incremento, el ministro respondió: “Va a regir para el cobro de salarios correspondiente a noviembre y el cobro a fin de este mes”. También adelantó que enviará a inspectores para verificar denuncias en contra de empresas que no cumplan.
Sobre el impacto que tendrá en la economía, el ministro sostuvo que será más bien positivo y no generará inflación, criterio radicalmente opuesto al que sostenía el año pasado, ante el pedido de aumento reclamado por centrales y gremios sindicales.
Consideró que esta suba dará a la economía mayor poder y se incrementarán las ventas a partir de que el trabajador va a tener “140 mil guaraníes más en su bolsillo, lo cual va a traer aparejado una mayor demanda”.
Aseguró que no tendrá un impacto inflacionario debido a que hubo una baja de precios de otros servicios e insumos, como el caso del gas que, según él, bajó de 80 mil a 50 mil guaraníes la garrafa. Sin embargo, esta baja solo alcanzó a un 10% de la población que está en alrededores de estaciones de servicio de Petropar y que debe llevar su envase para recargar.
Admitió que el Índice del Precio del Consumidor (IPC) es lo único que tienen para medir la inflación y se basarán en esto para medir el costo de la canasta familiar.
REACCIÓN. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, Carina Daher, dijo ayer que tenían la esperanza de que este aumento entre en vigencia en enero de 2017, pero consideró fuera de lugar que se pretenda imponer desde este mes, con todas las consecuencias negativas que ello implica para el sector.
Apuntó que son 11.400 los trabajadores con IPS a quienes deberán pagar el aumento (demandaría unos 1.596 millones de guaraníes más). Lamentó no tener otra salida que acatar esta imposición que será contraproducente y negativa para la maquila en Paraguay.
Por su parte, el vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Luis Tavella, sostuvo que ellos se mantienen en contra del aumento del salario mínimo y lo establecido en la ley porque traerá consecuencias inflacionarias negativas para la economía, que hoy sufre una recesión superior al 30 por ciento.
Tavella calificó de “terrible la intención de entrar a hacer regir desde noviembre de manera retroactiva la ley y el aumento del salario mínimo”.
