En la Declaración Jurada de Cuevas ante la Contraloría General de la República, actualizada al 19 de setiembre pasado, figura que el gobernador tiene un patrimonio neto de G. 9.727 millones, de los cuales G. 4.460 millones se sustentan en cuentas a cobrar a Riveros. Según el documento que el mismo jefe departamental facilitó, el dirigente es su único deudor.
Aliados. Cuevas y Riveros son aliados desde hace varios años, ya que juntos coordinaban trabajos para ayudar a los pequeños agricultores. Ambos están involucrados en varias denuncias que tienen que ver con la mala utilización de fondos para fortalecer la actividad agrícola.
Cuevas está comprometido en la mala aplicación del decreto 1056/13, de compra simplificada, que fue implementada por el Gobierno en su departamento y en el de Misiones para eliminar la intermediación y adquirir productos de los pequeños agricultores.
Las investigaciones de este diario confirmaron que tanto él como Derlis Maidana, de Misiones, desviaron la modalidad y adjudicaron contratos a intermediarios y comerciantes, en su mayoría operadores políticos y dejaron fuera a los beneficiarios en derecho. Contrataciones Públicas ya constató que en las adjudicaciones de Paraguarí se falsearon datos.
El caso más delicado que afecta al gobernador Cuevas en la ejecución de la modalidad fue la compra de la naranja a G. 14.400 el kilo, ocho veces más caras que el Mercado de Abasto y las supuestas sobrefacturaciones de las compras oscilan los G. 2.700 millones, según la denuncia que la Cámara de Senadores remitió a la Fiscalía.
Pese a todas las denuncias e irregularidades ya detectadas, el presidente Horacio Cartes felicitó a los gobernadores. El ministro de la Pobreza, Juan Carlos Baruja, calificó “de exitoso proyecto”, y el presupuesto de USD 4 millones se duplicará en el 2015.
Riveros es un comerciante que se dedica a la compraventa de productos agrícolas según confirmó él mismo. Actúa de intermediario para la administración de fondos destinados a los pequeños agricultores.
Es presidente de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofh), entre diciembre de 2012 y julio de 2013, recibió G. 67.000 millones (unos 20 millones de dólares) del Estado paraguayo, de los cuales apenas el 30% fue destinado para el fin real de fortalecer el trabajo agrícola, según se viene denunciando públicamente.
Riveros estuvo preso unos meses y los delitos que le atribuyó la Fiscalía Anticorrupción fueron lesión de confianza, estafa, producción de documento público de contenido falso, lavado de dinero y apropiación.
El gobernador de Paraguarí primeramente negó toda vinculación de negocios con Riveros, “jamás le presté nada”, aseguró. Pero horas más tarde volvió a comunicarse para aclarar que la cuenta ya fue saldada y que “eso ya fue de hace dos años”; sin embargo, aparece en su declaración jurada actualizada hace tres meses.
“No voy a hablar más de eso, porque hay cuestiones familiares de por medio”, dijo el gobernador.
A su vez, Riveros aseguró que jamás prestó dinero de Cuevas. “Me dedico al comercio, vendo frutas y verduras a los supermercados, no tengo posibilidades de asumir esa cantidad de deuda”, explicó.
Reconoció que trabajó en varios proyectos con el jefe departamental de Paraguarí, pero “nunca tuvimos ningún vínculo comercial, no sé de dónde salió eso”, remarcó.
