“Uno ve que los salarios en total están creciendo menos que en los ejercicios fiscales 2011 y 2012, lo que es positivo, pero se debe ir mejorando el gasto”, señaló.
Indicó que eliminar los beneficios que perciben los funcionarios públicos debe ser un reajuste gradual e incremental, para que no se resientan las ventas y la economía.
Agregó que estos ajustes deben ir acompañados de inversión pública para no dejar a la gente sin empleo.
El Poder Ejecutivo anunció el jueves pasado su resolución de incorporar los beneficios que perciben los casi 30.000 empleados administrativos dependientes de la administración central en el 2015, a los salarios básicos.
Tomó esta decisión a pesar de que tenía en sus manos la herramienta legal para invalidar los múltiples pagos a los que accedieron a través de contratos colectivos.
¿y la coherencia? El mismo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Humberto Peralta, denunció de los más de 300 contratos colectivos de las diferentes instituciones solo 10 estaban homologados, por lo que son válidos legalmente.
También el ministro de la cartera había explicado que como las gratificaciones no son un derecho adquirido, sino expectativa, su desembolso era solo cuestión de disponibilidad presupuestaria y voluntad política.
Sin embargo, el Gobierno no hizo recortes en los pagos extraordinarios que caen en el terreno de lo ilegal, ni buscó disminuir por etapas los pagos extraordinarios. Pagos como presentismo (premio por ir a trabajar), tan cuestionado y que provocaron una ola de indignación, serán cargados en los salarios.