Con este objetivo de lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los regímenes totalitarios que dominaron los países de la región, Garzón visitó ayer al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, para solicitar que el Paraguay se incorpore “clara y definitivamente” a las investigaciones del Plan Cóndor, en coordinación con las fiscales y el Poder Judicial de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Chile, los mismos países donde se aplicó el Plan Cóndor para perseguir a los ciudadanos que criticaban y luchaban contra las violaciones de los derechos humanos y crímenes de los gobiernos dictatoriales.
“Estamos tratando de impulsar el Cóndor, pero a la inversa; el Cóndor de investigación, uniendo los esfuerzos de los aparatos judiciales y fiscales de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay”, explicó. Aunque muchos años después, dijo, se trata de generar un espacio jurídico de investigación que sea capaz de aunar los esfuerzos. El proyecto está impulsado por el Instituto de Derechos Humanos del Mercosur y el Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos.
En el encuentro con el fiscal general, el abogado español solicitó que se investiguen y lleguen hasta el fondo de los crímenes relacionados con violaciones de derechos humanos, tanto los de la dictadura, como los vinculados con el caso Curuguaty y crímenes organizados.
Resaltó el valor de la cooperación internacional para la aplicación del principio de la jurisdicción universal en la persecución de los crímenes de lesa humanidad, ante un juzgado de cualquier parte del mundo, particularmente cuando en el propio país los jueces y fiscales no actúan.
Garzón se reunió en la tarde con miembros de la Mesa Memoria Histórica, en el Museo de las Memorias, que le expresaron su preocupación porque el sistema educativo nacional no incorporó aún una materia sobre lo que representó el autoritarismo en el país; y porque los poderes del Estado no han cumplido con las víctimas de la dictadura impulsado medidas reparatorias.
Además, porque el Legislativo no tiene entre sus prioridades la designación de un nuevo defensor del Pueblo, pese a que el actual, Manuel Páez Monges, tiene vencido el mandato hace 5 años.
