Están imputados por este caso el ex ministro del Interior, Rafael Filizzola, y los españoles, directivos de la firma Proibérica, Álvaro Lasso y Guillermo José Casado, por quienes aboga Garzón.
La exposición se realizó en la sala de reuniones de la presidencia del Senado ante la presencia de la comisión especial que se conformó para dar seguimiento al proceso.
Garzón trajo a colación que había presentado un dictamen jurídico a la Corte Suprema de Justicia, solicitando la nulidad de la causa.
Entregó a los presentes una copia de la documentación y posteriormente se sumó al grupo la senadora Desirée Masi, esposa de Filizzola.
El jurista español sostuvo que la causa quebranta lo dispuesto en tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Paraguay, y que podría acabar con una condena al país por violaciones de preceptos comprendidos en esos tratados.
Garzón especificó que la denuncia no cumplió con ninguno de los requisitos procedimentales; se realizó sin membrete del Ministerio del Interior; sin pasar por mesa de entrada del Ministerio Público para el debido reparto aleatorio, lo que para él ya es causal de nulidad. Dijo que está dirigida personalmente a un fiscal concreto de manera informal. El senador liberal Luis Alberto Wagner cuestionó ausencia de fiscales a pesar de haber sido invitados.
