El documento es una iniciativa del Poder Ejecutivo y figura como el punto nueve dentro del orden del día de la sesión ordinaria de la fecha de la Cámara Baja. La misma sería aprobada con modificaciones.
El subsecretario de Estado manifestó que el documento es un mensaje a los inversionistas de que se garantizarán sus inversiones y no se variará el impuesto a la renta en los próximos 10 años, y también los beneficios adicionales para inversiones de alto contenido social. Añadió que se trata de una garantía de que no se cambiarán las reglas de juego.
“La idea es que el Estado tenga herramientas para promover inversiones y generar empleo en las regiones más pobres del país”, explicó.
Stark comentó que los legisladores le informaron sobre algunos cambios que pretenden realizar al proyecto y señaló que se allanan a los mismos, principalmente en lo respecta a que empresas que ya se encuentran establecidas en el país también sean beneficiadas. “El Ejecutivo no se opone, siempre y cuando estas empresas se adapten a nuevas inversiones”, acotó.
CUESTIONAMIENTOS. El legislador liberal Édgar Acosta indicó sus objeciones a algunos artículos del proyecto de ley.
Sostuvo que la normativa es más que necesaria, pero debe indefectiblemente sufrir modificaciones para que no se preste a negociados.
Dijo que preocupa la excepción tributaria que se le da en el artículo 22 a las empresas, que exonera hasta 50% de impuestos a las remesas al exterior que realicen.
Remarcó como otro punto con el que se debe tener cuidado la jurisdicción competente, ya que se les da a los inversionistas la posibilidad de dirimir cualquier conflicto por la vía del arbitraje.
Advirtió que se deben cuidar los intereses de las empresas y habló de la necesidad de cambiar la palabra “podrá” por “deberá”, en lo que se refiere a la invariabilidad tributaria cuando la inversión es mayor a 50 millones de dólares.
