Los tipos de casos que giran en torno a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) no dejan de sorprender. Ahora aparecen funcionarios públicos, adjudicados para administrar fondos de la institución en la construcción de viviendas sociales.
Dos funcionarios públicos crearon, en el 2010, una Coordinadora de Desarrollo Departamental (Codepa) y recibieron en tres años de Senavitat G. 5.110 millones, más de USD 1 millón por la ejecución de dos proyectos: en Carapeguá y en Ybycuí, en el Departamento de Paraguarí.
Durante las tres últimas administraciones (incluida la de Francisco Knapps), se les desembolsaron pagos por ambos emprendimientos, según consta en una denuncia penal por lesión de confianza en la Fiscalía de Carapeguá.
Se trata de Eusebio Verón Martínez, funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y Víctor Roberto González, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ellos, a través de la organización, crearon un Servicio de Asistencia Técnica (SAT), que es un intermediario administrador de las obras de Senavitat con las constructoras y los beneficiarios.
“Eso no corresponde”, dijo el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, al ser consultado si el hecho es compatible con la condición del funcionario público. Sin embargo el mismo presidente Horacio Cartes fue a inaugurar obras de ambos funcionarios .
“como UNA iglesia”. El dinero de Senavitat salía a nombre de los tres directivos de la Coordinadora, entre ellos los dos funcionarios. “Y claro si somos los representantes de la organización que asiste a la gente para acceder a sus viviendas. Somos como una iglesia o una comisión pro escuela”, argumentó Verón.
“Aseguramos viviendas con excelencia de calidad y de eso nadie habla”, remarcó el funcionario para luego acotar que esta denuncia es más bien personal. “No tiene sentido la demanda”, aseveró.
Lilian Soto, ex ministra de la función pública, sostuvo: “Esto es corrupción, es conflicto de intereses, una de las dimensiones más frecuentes de corrupción. Es brutal, va en contra del artículo 60 de la Ley de la Función Pública y del N° 40 de Contrataciones Públicas”.
