En uno de los artículos, el Código establece que los bienes y recursos, asignados a la Honorable Cámara de Diputados, pertenecen al pueblo paraguayo. Pero más de 200 funcionarios de la sede parlamentaria se opusieron, nota mediante, a que la institución haga pública la nómina de empleados nombrados, contratados y comisionados con sus respectivos salarios.
Argumentan el derecho a la intimidad.
Dentro de su plan de información institucional, uno de los capítulos del Código establece que la Cámara contribuirá a colocar en el espacio público los intereses de la nación por encima de los intereses particulares o de grupo, otra disposición no respetada en la Cámara Baja.
El propio titular de la institución, diputado Juan Bartolomé Ramírez, manifestó días atrás que el interés particular prevalece por sobre el general.
Asimismo, el documento señala que se considerará a la información y al conocimiento de la realidad nacional como un bien y un derecho público a los cuales tienen derecho de acceder y ejercer todos los paraguayos.
A pesar de la insistencia de los medios de comunicación, la Cámara de Diputados hasta la fecha no entrega la lista de funcionarios que cumplen tareas en la institución.
