Ayala Bogado, secretario general del sindicato (Siprotmic), en calidad de abogado y funcionario público, presentó ayer ante la Senac una denuncia sobre supuesto incumplimiento de la recomendación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y utilización discrecional del rubro Nº 133 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
El cobro de bonificaciones ocasionales benefició a los viceministros, directores y jefes, entre otros. El cuestionamiento apunta hacia los criterios utilizados para la selección de beneficiarios.
En su escrito, el nombrado denunciante dice que las irregularidades fueron cometidas por anteriores y actuales autoridades del ministerio.
De entrada menciona la “irregularidad” de que hasta ahora no se ha dado cumplimiento de una recomendación de la SFP, sobre actos administrativos de nombramientos nulos y sin valor jurídico a través de decretos del Poder Ejecutivo, en cuanto a cargos de confianza.
Añade que también existen cinco funcionarios que cumplieron en exceso la edad a quienes se le debe dar la jubilación automática, pero los mismos continúan y no dan oportunidad a otros paraguayos para concursar el cargo público.
Ayala Bogado, quien arrastra un enfrentamiento de hace varios años con distintas administraciones del MIC, también denuncia como hechos nuevos que las autoridades superiores del ministerio se “autoasignaron en forma ilegal e ilegítima la suma de 143 millones de guaraníes en concepto de bonificaciones y gratificaciones del rubro Nº 133" (ver lista en facsímil de la página).
En este caso, subraya como agravante que uno de los beneficiados fue el “director general Anticorrupción, Elmar Deggeller Horn”.
RÉPLICA. Por su parte, el coordinador general de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción y adjunto de la Asesoría Legal, Elmar Deggeller, dijo ayer que estaban al tanto de la denuncia de casos anteriores que ya fueron respondidos ante las instancias correspondientes y siguen su proceso.
Precisó que Ayala Bogado ya no es funcionario del MIC, porque pasó a ser parte de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), razón por la cual no entiende cómo invoca la representación de un sindicato del MIC.
Respecto al cobro de bonificaciones, afirmó que es absolutamente legal por cumplimiento de metas logradas y demostrables, establecidas en el reglamento de la ley de presupuesto. Citó, como ejemplo, haber llegado a multas y decomiso de productos irregulares por valor de USD 15 millones de dólares.
