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Política
miércoles 20 de julio de 2016, 01:00

Función Pública investiga costosos alquileres que benefician a estatales

El ministro Humberto Peralta sostuvo que pedirá informes al Ministerio de la Defensa Pública y a las instituciones donde trabajan los funcionarios que fueron sospechosamente adjudicados.

Humberto Peralta, ministro de la Función Pública, mencionó que la Defensa Pública (MDP) y en particular la Unidad Operativa de Contratación y su comité de evaluación, debieron cerciorarse de la resolución que impide que funcionarios estatales salgan beneficiados con millonarias adjudicaciones en el rubro alquiler de locales.

El titular de la cartera pública dijo que se informarán de cómo se llevó a cabo el proceso desde la Defensa Pública, donde en circunscripciones de Lambaré, Caazapá y Fuerte Olimpo, algunos empleados públicos fueron beneficiados con alquileres de locales, siendo la de Lambaré la más llamativa debido a que el MDP terminará desembolsando G. 694 millones. "Debemos pedir informes a la institución para ver si nos garantizan que hicieron el debido proceso al momento de contratación", adelantó.

En este caso, Peralta recordó la resolución 849/15 de la Dirección de Contrataciones Públicas, la cual detalla el criterio de evaluación para casos como estos.

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"La resolución recomienda a los organismos y a municipalidades a que la institución que convoca a un llamado para alquileres como en este caso, debe verificar que no estén contratando funcionarios públicos. Es decir, Defensa Pública se debe regir como todas las instituciones. Su UOC y el comité de adjudicaciones deben velar que no estén contratando con personas que tienen esta incompatibiidad", mencionó.

Reiteró que además de dicha disposición que regla los contratos del Estado, también existe la disposición de la Ley 1626 de la Función Pública.

"Esta ley establece que queda prohibido a los funcionarios sin perjuicio de lo que establezcan reglamentos respectivos, intervenir directamente por terceras personas o por actos simulados en la obtención de concesiones del Estado o de cualquier privilegio de parte del mismo que importe beneficios propios o de terceros", dijo.

Sumarios. A esto el funcionario agregó que si las dependencias estatales sumarian a los funcionarios por instrucción de su cartera, se zanjarán las dudas o, en caso contrario, ocasionará destituciones. "Hasta donde van nuestras atribuciones podemos hasta sugerir que se inicie el proceso de sumario administrativo", afirmó.

Recordó que ya existen antecedentes respecto a otros funcionarios que se beneficiaron con contratos, como por ejemplo en un sumario que terminó con la destitución de una funcionaria en la cartera del Ministerio de Justicia, por ser proveedora de bienes y servicios a una municipalidad. En el caso de la Presidencia de la República, implicó la destitución de una funcionaria que proveía a una municipalidad, precisó.