Bajo el título “Ley de transparencia revela terrible inequidad en distribución de salarios”, nuestro diario publicó el pasado domingo un artículo en el que queda de manifiesto la injusticia que existe en el ámbito de la administración pública en términos de política remunerativa. La discrecionalidad es absoluta, al mismo tiempo que la arbitrariedad. Una situación por cuya corrección debieran bregar los mismos funcionarios públicos, sobre todo aquellos que tienen una verdadera vocación de servicio.
Mientras en la esfera del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social existen médicos que perciben un modesto salario de 4 o 5 millones de guaraníes, gente mejor posicionada en el ámbito de los políticos que tienen en el Congreso el manejo del presupuesto –como por ejemplo el publicitado director de Fotocopias del Senado– cobra más de 14 millones.
También existe el caso de licenciados en enfermería –hombres y mujeres encargados de velar por el cumplimiento de delicados procedimientos médicos– que cuentan con una remuneración dos veces y media menor que la del asistente de guardia de seguridad de Petropar.
Los casos que ilustran la oprobiosa ingeniería de la injusticia imperante en la administración pública podrían ser citados ad infinitum y rayan lo absurdo, cuando no lo directamente irracional.
En primer término, como ya lo hemos dicho en esta columna, corresponde que en el Paraguay comience a implementarse una verdadera carrera del servidor público. Es menester poner en vigencia un escalafón en el que los funcionarios queden categorizados de acuerdo con la naturaleza del servicio que desempeñan y con evaluaciones periódicas acerca de la calidad del trabajo que realizan.
Gran parte del problema deviene de la falta de voluntad política y de la dedicación de las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Congreso, que año tras año se dedican a reproducir la vetusta matriz del presupuesto de gastos de la Nación, sin hacer un esfuerzo suplementario que signifique partir de una base completamente nueva, que responda a la necesidad de modernizar la estructura del Estado paraguayo.
Lo que desde el vamos ha de quedar definitivamente establecido es que la política de remuneraciones públicas debe estar indisolublemente vinculada con la preparación académica de los funcionarios, la calidad de su desempeño en el cargo, así como el nivel de responsabilidad que el mismo implica. Para que este nuevo esquema entre en vigencia, es de imperiosa necesidad que todos y cada uno de los servidores públicos accedan al puesto ofrecido por el Estado a través de un concurso de oposición y méritos.
Cuando estos requisitos sean debidamente cumplidos, la administración pública será finalmente depurada, y las injusticias actualmente existentes en términos remunerativos dejarán de humillar, como ahora lo hacen, a un gran número de funcionarios honestos, dedicados y patriotas.
