Posturas a favor y en contra fueron manifestadas, para que finalmente por 32 votos a favor y 9 en contra la iniciativa fuera rechazada y se remitiera al archivo.
De esta manera, seguirá el despilfarro y la discrecionalidad en la adjudicación del retiro voluntario.
El diputado liberal Dionisio Amarilla, uno de los proyectistas de la propuesta junto con su correligionario Édgar Acosta, explicó que con la mencionada iniciativa se buscaba optimizar los recursos del Estado.
Añadió que existieron ciertas irregularidades en el programa, por lo que consideran necesario suspender la vigencia del mismo por dos años.
El legislador sostuvo que se dio discrecionalidad en la adjudicación del retiro voluntario. “El programa fue bastardeado y privó de recursos al erario”, remarcó.
Citó casos en que funcionarios pasaron a retiro, pero las instituciones no eliminaron los cargos y se contrataron nuevos funcionarios. Mencionó, asimismo, que algunos funcionarios se acogieron al retiro, pero luego, incluso por encima de la ley, fueron recontratados.
Amarilla manifestó que 75 millones de dólares están programados para el retiro voluntario, lo que consideró un despropósito.
Esta postura fue respaldada por el colorado Pablino Rodríguez, quien aseguró que tras este “beneficio entre comillas” no se beneficia solo el funcionario, sino el administrador de la institución.
“Hay casos concretos dentro mismo del Parlamento, que fueron beneficiados y no les correspondía”, aseveró.
Recordó que en todos los casos los funcionarios optaron por el retiro voluntario, cuando muchos ya podían beneficiarse con la jubilación.
Dijo que se deben buscar los mecanismos para que el beneficio sea aplicado de buena manera. “Suspendamos y que después se haga una reprogramación en aquello que es más urgente”, insistió
conquista. La diputada Olga Ferreira expresó su postura en contra de la normativa, porque se trata de una conquista laboral. “Y no porque no sepamos manejarla debemos suspenderla”, remarcó.
Añadió que este tipo de iniciativas deberían venir del Ejecutivo, si se trata de una carga pesada, y no de los legisladores.
También, expresando su postura en contra, Ramón Romero Roa dijo que si existe constancia de la mala utilización de los recursos, se deben remitir los documentos al Ministerio Público.
Señaló esto como alternativa, como así también una reglamentación del programa. “Porque nadie puede dudar del problema grave del aparato estatal y de la erogación permanente que se tiene, porque hay una cantidad excesiva de funcionarios en el Estado”, puntualizó.
Édgar Acosta respondió a sus colegas y apuntó que como contralores los legisladores deben preocuparse en cómo se utiliza el dinero público.
