“La conducta (de Ecopetrol) habría consistido en propiciar la celebración de acuerdos anticompetitivos para la fijación del precio y la asignación de cuotas de suministro de material pétreo de construcción, entre quienes abastecen a los contratistas de obras civiles del propio Ecopetrol”, explicó en un comunicado la SIC.
Estos acuerdos, según la Superintendencia, se llevaron a cabo en el departamento del Meta (centro), a través de la Asociación de Mineros de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva (Asomguaca), que habría influenciado a sus afiliados “sobre los precios que debían cobrar por concepto de materiales de construcción” en las reuniones de socialización de proyectos.
“Los demás investigados, esto es, los proveedores de materiales de construcción, resultaron vinculados con el proceso administrativo por presuntamente haber integrado un cartel empresarial para fijar los precios y acordar un esquema de asignación de cuotas de suministro de materiales de construcción”, agregó la información.
El pliego de cargos también vinculó a 25 personas que trabajaban en las empresas imputadas por haber “tolerado, ejecutado, facilitado y colaborado con las presuntas conductas anticompetitivas investigadas”.
Ante estas acusaciones, Ecopetrol aseguró en un comunicado que ha “prestado colaboración” a la Superintendencia desde abril de 2015 y que desde ese año ha sido víctima de “posibles conductas contrarias a la libre competencia como consumidor de algunos bienes y servicios regionalmente, incluida la adquisición de material pétreo”.
La SIC comenzó su investigación luego de que uno de los contratistas de Ecopetrol denunciara en junio de 2014 que “los agentes vinculados con la investigación” pudieron violar las normas sobre la protección a la libre competencia económica.
A su vez, la denuncia se apoyó en 2015 en las declaraciones de seis empresas que reconocieron su participación en estos hechos y que entregaron pruebas a la Superintendencia.
De ser encontradas culpables, las compañías deberán pagar multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir 68.945 millones de pesos (unos 23,6 millones dólares) por cada infracción cometida.
De igual manera, si las 25 personas vinculadas a la investigación violaron las normas de libre competencia tendrán que pagar en multas por lo menos 1.378 millones de pesos (unos 472.014 dólares).
