El Ministerio de Hacienda firmará un acuerdo marco con la Asociación de Bancos (Asobán) para que las entidades financieras que prestan servicios para el pago de salarios del sector público cumplan algunos requisitos estándares, informaron ayer el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Ramón Ramírez, y el director del Tesoro, Óscar Llamosas. Ello, atendiendo a que desde hace varios años se tienen contratos con los bancos, pero no existe un parámetro unificado de exigencias.
Entre las exigencias se encontrará la prohibición de debitar directamente del salario de los funcionarios las deudas que estos mantienen con las entidades comerciales, de manera que no ocurra lo que sucedió con el caso de los docentes, explicaron. Las entidades financieras solo podrán seguir ofertando a los estatales sus productos financieros (tarjetas de créditos, préstamos, adelantos, entre otros).
De acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Recursos Humanos (Sinarh), se mantienen activas en el sistema 430.000 cuentas bancarias aproximadamente, de las cuales 210.000 corresponden a funcionarios permanentes, 37.000 a contratados, 39.000 a jubilados y 142.000 a pensionados. En total, hay 57 organismos y entidades del Estado (OEE) que operan con el sistema de pagos por red bancaria.
En la actualidad, el Ministerio de Hacienda mantiene contrato con siete entidades bancarias, las cuales brindan servicio sin costo alguno: Continental, BBVA, BNF, Itaú, Atlas, Regional y Familiar. La intención es que más entidades puedan operar con el Tesoro, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos.
Asimismo, se mantendrá la posibilidad de que las entidades estatales sigan teniendo la libertad de elegir el banco de su preferencia.
UNIFICAR. Indicaron asimismo que en la actualidad no existe una reglamentación única en cuanto a los procedimientos establecidos para la incorporación o bajas de entidades con cada banco.
Tampoco existe un procedimiento establecido para la ejecución de órdenes judiciales y otros descuentos aplicados a las cuentas.
A raíz de ello, surge la necesidad de estandarizar las cláusulas vigentes en los diferentes contratos, y suscribir con las entidades bancarias un contrato marco que garantice uniformidad de criterios y procedimientos.
“Estamos ahora en una etapa de discusión con los bancos para tener ese contrato marco. Nuestra idea es construir ese contrato y decir: estos bancos son los que aceptan estas condiciones, los parámetros que el Tesoro debe precautelar. Por ejemplo, informaciones oportunas de altas y bajas, devoluciones de recursos”, afirmó.
La mayoría de los contratos vencen en octubre de este año, y la intención es que las renovaciones sean realizadas en el marco de los nuevos requisitos.
El pago electrónico a funcionarios públicos data desde 1997. El Banco Nacional de Trabajadores (BNT) fue el banco con el cual se dio inicio al sistema, con 10.000 funcionarios públicos. A partir de su implementación, fueron bancarizados gradualmente funcionarios de todas las reparticiones que componen la Administración Central.
Esta negociación solo abarca a las entidades dependientes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y las universidades nacionales.
