Señaló que fue sorpresiva la manera en que los senadores aprobaron esta normativa y desmintió que la misma haya tenido modificaciones que le permitan a la Seprelad investigar a personas vinculadas al crimen organizado.
El articulo 86 del proyecto de ley aprobado obliga tanto a la Seprelad como al Ministerio Público a contar con una autorización judicial para verificar las cuentas bancarias de personas sospechadas de cometer actos ilícitos.
“En un año aproximadamente tenemos más de 1.200 casos que tenemos que analizar, imaginate lo que sería tener que ir a pedir 1.200 veces órdenes judiciales para avanzar en una investigación. Ni si tuviéramos un juez permanente en la Seprelad sería posible”, cuestionó en diálogo con Última Hora.
Advirtió que si se llega a promulgar la ley de la manera en la que está redactado ese artículo, inmediatamente el Paraguay se expone a pasar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI), lo que podría derivar en una baja en la calificación país por no ser una nación cooperante.
FISCALÍA. El fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, señaló, por su parte, que la ley, así como está redactada, es totalmente contradictoria.
Por un lado, le habilita a organismos como la propia Dirección Nacional de Aduanas, Contraloría y el Banco Central del Paraguay a que puedan revisar cuentas bancarias sin necesidad de autorización judicial, pero les excluye a la Fiscalía y a la Seprelad, que son los órganos naturales de investigación de hechos punibles.
Recordó que el mismo Código Procesal Penal establece claramente el resguardo de la información en el marco de una investigación e incluso penaliza la difusión de la misma.
“Es totalmente absurda la excusa de que se podrán filtrar datos, si hace años estamos trabajando con información reservada en el marco de nuestras investigaciones. Con esta ley, los bancos nos dirán que no pueden dar datos sobre cuentas bancarias que sospechamos y nos veremos atados”, aseveró.
El agente del Ministerio Público afirmó que la imagen del país en el combate al crimen organizado está en juego si el polémico artículo 86 queda redactado de la manera en que está actualmente.
Señaló que hacen un nuevo llamado al Parlamento para que se modifique el artículo y les permitan trabajar en su rol de órgano de investigación.
