Esto es debido a que el Ministerio Público solo se aboca a llegar a quienes incendiaron un sector del Senado.
Este escenario es visible para la ciudadanía atendiendo que hasta ahora no se sabe quién ordenó el ataque a la sede del PLRA la madrugada del 1 de abril, donde un equipo comando de la policía (unos 25 agentes) llegó en varias camionetas al lugar, irrumpió sin orden judicial y se asesinó a Quintana de un disparo en la espalda.
A pesar de que las autoridades policiales dieron siete versiones diferentes de cómo habría ocurrido el crimen de Rodrigo, ninguno de los voceros de esta institución fue imputado por falso testimonio, pese a que están identificados los que dieron esa información.
El comisario Tomás Paredes Palma aseguró que llegó 20 minutos después del homicidio del joven liberal durante la madrugada de ese sábado. Sin embargo, se comprobó esta falsedad, por lo cual la fiscala Lorena Ledesma lo imputó. Esta imputación se dio luego de que las grabaciones de los medios de prensa demostraron que la autoridad policial sí estaba en el sitio.
Paredes Palma, acusado de inducir a un subordinado al asesinato de Quintana, sigue el proceso desde su casa porque la Fiscalía no lo considera peligroso. Hasta ahora la Fiscalía no sabe quién es el policía que disparó al joven liberal. Hay un suboficial detenido, pero este alega que no fue el que disparó y la Fiscalía sigue sin poder demostrar que lo hizo.
CASO PATRÓN. Sin embargo, Stiben Patrón, dirigente liberal de 21 años, investigado por tener en la mano una botella con supuestamente líquido inflamable la noche del 31 de marzo, tres horas después del incendio del Senado, es considerado por el juez Gustavo Amarilla como un peligroso criminal.
