El fiscal Yoan Paul López, de la referida unidad del Ministerio Público, se hizo presente en el mencionado negocio, acompañado por técnicos en alimentos y Prevención Contra Incendios (PCI), de la Comuna capitalina y del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).
Los integrantes de la comitiva realizaron una profunda revisión de las instalaciones y de los insumos y productos que se encontraban en el lugar, en una tarea que se extendió por casi cuatro horas y tras la cual decomisaron todo tipo de mercaderías.
A ello se sumó el hallazgo de que las instalaciones eléctricas y edilicias están en precaria situación.
En las paredes de vidrio que conforman la estructura de este comercio de comidas estaban instaladas precintas con la inscripción de clausurado, merced a lo establecido en la Resolución 1638/16, emanada de la Intendencia asuncena, que era desconocida por los responsables del lugar.
Los productos de dudosa condición higiénica eran distribuidos a otros diez locales de diferentes puntos de la capital, los cuales también serán visitados en los próximos días para una fiscalización.
PENas. El agente fiscal Yoan Paul López sostuvo que si se constatan los hechos que fueron denunciados a través de las redes sociales, los responsables del local se exponen a varios años de privación de libertad.
En ese sentido, el profesional explicó que por comercialización nociva de alimentos, la pena de cárcel puede ser de hasta 3 años; por desechos ilícitos, de hasta 5 años de penitenciaría y por exposición a lugares peligrosos para los empleados, similar condena de 5 años.
Asimismo ordenó el traslado de las CPU que se encontraban en las oficinas y hasta tiques que confirman que se siguió atendiendo al público hasta el pasado miércoles 24.
Por su parte, María Cristina Sosa, licenciada en Tecnología de Alimentos de la institución comunal, señaló que “las cámaras de conservación y los depósitos estaban en pésimas condiciones.
Los alimentos también estaban en mal estado y las heces de animales se observaban en ellos”.
Toda esa materia prima fue llevaba a dependencias de la Dirección de Aseo Urbano, de la Comuna capitalina, para proceder a su incineración.
Comentó que en reiteradas ocasiones fueron para inspeccionar este local, pero fueron rechazados por sus propietarios, quienes exigían una orden judicial para que ello se materialice.
“Ayer ya intervenimos con la Fiscalía. Estaba en juego la salud de mucha gente”, expresó finalmente.