“La Fiscalía siempre tiene esa opción ante datos sumamente llamativos como los expresados, fundamentalmente conexiones de autoridades electas, en este caso nada más y nada menos que el vicepresidente de la República y su esposa, que también es concejala. Puede abrir una investigación oficiosa de manera tal a unir cabos”, expresó la abogada.
González advirtió que si bien ya existen datos que ameritan que el Ministerio Público tome interés en las licitaciones ganadas por la empresa vinculada al vicepresidente, difícilmente la Fiscalía efectivamente abra una pesquisa.
“En cuanto a los hechos punibles, hay muchos hechos que pueden surgir de esa investigación y de esas conexiones, de esas licitaciones. Puede ser tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, eventualmente operaciones fraudulentas con empresas que utilizan testaferros para poder acceder a determinadas licitaciones. Hay muchas cosas que se pueden hacer, de ahí a que la Fiscalía lo haga es otro análisis. Hoy no tenemos una sola política pública en cuanto al Ministerio Público”, lamentó la líder gremial.
Sobre el punto, recalcó que este no es el primer caso en que autoridades electas son vinculadas a empresas con contratos del Estado.
“Este es un país de inmorales, donde los sujetos que tienen un cargo electivo, como en el caso que nos ocupa, el de la familia del vicepresidente, utilizan su posición de poder para montar negocios familiares varias veces multimillonarios y sin ningún tipo de escrúpulos se hacen acreedores del Estado”, manifestó.
