La fiscala Marta Carolina Romero, de la Unidad II de Limpio, pidió informes al Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), con respecto al proyecto aprobado por el ente estatal para la construcción de 35 viviendas en el barrio San Antonio de Limpio, a realizarse a través de la administración de la Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua Táva Rory Ltda. (Covitava). Las casas nunca fueron culminadas.
La representante del Ministerio Público explicó que debe recabar todos los datos de modo a corroborar las presuntas malversaciones luego de la denuncia de los socios Josefa Margarita Vázquez, Liliana Liener Rebollo, María Giraldina Vázquez, Carolina Trinidad Fleytas Sosa, Luis Alberto Tillería Garicoche, Gloria Pereira Chena, José Aníbal Cabral, Ana Teresita Núñez, Judith Lezme y Ovidio Manuel Benítez, realizada el pasado 28 de diciembre.
información. “Empezamos con las testificales; sin embargo, los datos son muy escuetos y necesito de más información para poder confirmar si hubo o no el delito de lesión de confianza tal y como se está denunciando”, mencionó Romero.
Asimismo, acotó que el Incoop le debe informar si es cierto que la cooperativa fue liquidada. “De ser así, tendríamos que ver otras vías para recabar mayores informaciones”, resaltó. También añadió que solicitó al Incoop decretos, documentos, informes, entre otros.
En cuanto a la Senavitat, pidió que la institución le provea los documentos de los pagos y desembolsos que se le hicieron a la entidad solidaria, de modo a confirmar las fechas y el monto total de financiamiento. Además, solicitó el estado de cuenta para interiorizarse sobre el caso de la cooperativa Covitava.
PREOCUPADAS. Los denunciantes se encontraban preocupados por la lentitud en como estaba operando el Ministerio Público, debido a que pasaron aproximadamente cuatro meses (contando la feria judicial) sin tener una respuesta.
Gloria Pereira, una de las socias fundadoras de Covitava, expresó que espera que se haga justicia y que se logre imputar a los responsables.
El primer proyecto era para la construcción de 40 viviendas, cuyo costo fue de G. 3.314.807.270 (que sí fueron entregados). En tanto, en el segundo debían edificarse un total de 35 casas, para lo cual se debía invertir la suma de G. 3.634.648.674 (trabajos sin culminar).
