El fiscal adjunto Federico Espinoza explicó que dicha institución primeramente debe dictaminar si hubo errores o no, para posteriormente analizar si amerita abrir una causa penal.
Esto atendiendo a que supuestamente no hay un perjuicio patrimonial, por lo que no hay delito penal, sino más bien administrativo, según mencionó el representante del Ministerio Público.
Sin embargo desde la Coordinadora de Abogados del Paraguay (que presentaron la denuncia en agosto pasado), afirman que el perjuicio podría ser de G. 8.220.400.000.
La Unidad Operativa de Contrataciones de la Justicia Electoral había dicho que el proceso licitatorio, se hizo en tiempo y en forma, respondiendo a los cuestionamientos del presidente de la Asociación de Industriales Gráficos del Paraguay (AIGP), Paolo Barchini.
El escrito refiere que la impresión de boletines de votos tiene un costo de mercado de G. 45 por unidad. En cambio el TSJE, paga 275 la unidad (300% más).
La Justicia Electoral debe abonar G. 9.946.500.000.