La causa actualmente está a cargo de la fiscala Claudia Morys, mientras que la Corte Suprema de Justicia estudia la recusación planteada en contra de 14 fiscales por parte de abogados de funcionarias investigadas.
Según informaron, actualmente la pesquisa apunta a unos diez funcionarios que presuntamente incurrieron en cobro indebido de honorarios. Además, la Fiscalía indaga a las personas que permitieron que estos funcionarios cobren sus salarios a sabiendas de que no prestaban realmente servicios a la institución.
Entre otras diligencias, el Ministerio Público solicitó informes a la misma Justicia Electoral, la Dirección General de Migraciones y distintas entidades privadas sobre los funcionarios investigados. La pesquisa busca determinar si los funcionarios se encontraban en otros lugares durante los horarios laborales.
La investigación se abrió por orden del fiscal general, Javier Díaz Verón, el 2 de noviembre. En unas 48 horas, los abogados José Domingo Almada y Osvaldo Bittar, como patrocinantes de las investigadas Clara Haydée Silveira de Radice, su hermana Gloria María Paz y su madre Ana Catalina Arza, recusaron a 12 fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, al fiscal adjunto Federico Espinoza y al fiscal Juan Leonardi Guerrero, de una unidad penal ordinaria. A raíz de esto, el caso quedó desde entonces con la fiscala Claudia Morys. Aún no se formuló ninguna imputación.
