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Sucesos
sábado 3 de septiembre de 2016, 01:00

Fiscalía imputa a diez personas por viviendas fantasmas de la era Franco

La fiscala Yolanda Portillo imputó a diez personas, entre empleados de cooperativas, propietarios de constructoras y funcionarios de la Senavitat, por el caso conocido como el de las viviendas fantasmas.

Diez personas fueron imputadas ayer por la comisión del delito de lesión de confianza al haber recibido como anticipo financiero G. 16.750.242.827 para la construcción de 321 viviendas que nunca se entregaron.

Los desembolsos se realizaron cuando Eliodoro Marecos era titular de la Senavitat, durante el gobierno del liberal Federico Franco. Sin embargo, le interinó el señor José Hugo Núñez Alvarenga, quien fue imputado en la causa.

El fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, mencionó en conferencia de prensa que se llegó a la imputación luego de dos años de investigación.

"Se debían construir 321 viviendas, pero el porcentaje de construcción es mínimo y afectó a personas carenciadas y con muchas necesidades", refirió Espinoza.

Por su parte, la fiscala interviniente, Yolanda Portillo, explicó que la causa es bastante compleja, pero se pudo comprobar que Camilo Aníbal Enrique Recalde, en su carácter de SAT (Servicio de Asistencia Técnica), y por medio de la Resolución Nº 211 de fecha 15 de febrero de 2012, habría recibido de los beneficiarios de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) la suma mencionada para la construcción y culminación de 321 viviendas sociales en distintas localidades del país.

Las familias más humildes iban a ser beneficiadas con el subsidio habitacional en al menos doce proyectos ubicados en las ciudades de Limpio, Capiatá, Nueva Italia, Luque y Ypané.

El monto del perjuicio sería de G. 12.535.645.088, ya que los proyectos no han concluido a la fecha, mencionó la fiscala Portillo.

Expresó también que Carol Turrini, presidenta de la Cooperativa Mi Casita, y Carlos Valenzuela habrían depositado la totalidad del dinero desembolsado por la Senavitat en la cuenta abierta a nombre de la mencionada cooperativa; es decir, habrían depositado a Camilo Recalde los cheques expedidos por Senavitat.

En tanto, Luciano Barreto, propietario de la constructora SISA, estaba encargado de la construcción de 200 viviendas, y Hugo César Acevedo, dueño de la constructora AREA, se encargaría de la edificación de 121 residencias tradicionales. Las mismas no reunían las condiciones necesarias, explicó la fiscala.

Finalmente, los funcionarios administrativos de la Senavitat Rocío Rodríguez, Rodolfo Osmar Lovera, Hugo Núñez, Mario Pairet y Rufino González autorizaban los pagos, según la imputación.

La fiscala pidió medidas cautelares para todos.