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Editorial
martes 25 de octubre de 2016, 01:00

Fiscalía debe investigar uso de avión estatal en actos políticos

El uso de un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya, con el personal a cargo, para trasladar al vicepresidente de la República, Juan Afara, y al presidente de la ANR, Pedro Alliana, a una reunión política del partido de Gobierno en la ciudad de Pilar, constituye un delito que debe ser debidamente investigado por la Fiscalía y sancionado por la Justicia. La Ley Nº 2880/06, que reprime hechos punibles contra el patrimonio del Estado, establece castigos con multas para estos casos. Hacer campaña desde el Gobierno, usando a favor del partido oficialista los bienes públicos es una práctica ilegal que se arrastra desde épocas de la dictadura, a la cual debe ponerse fin para instaurar un sistema más equitativo y transparente, en favor de la democracia.

"El funcionario que, indebidamente y en beneficio propio o de un tercero, use o permita a otro el uso de bienes del Estado será castigado con pena de multa. La misma pena se aplicará al funcionario que utilice ilegítimamente, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por el Estado", establece en su artículo sexto la Ley Nº 2880/06, que reprime hechos punibles contra el patrimonio del Estado.

Esta es una de las normas que se aplica al caso registrado el sábado último, en que la aeronave 0251 Cesna, Gran Caravan, modelo 2012, de propiedad de la Fuerza Aérea Paraguaya, fue utilizada para trasladar hasta la ciudad de Pilar al vicepresidente de la República, Juan Afara, y al presidente de la Asociación Nacional Republicana, el diputado Pedro Alliana, exclusivamente para una reunión con convencionales del Partido Colorado.

A muchos no les extraña esta utilización de un recurso del Estado para una actividad que no tenía ningún carácter oficial, sino que era una reunión política del partido en el Gobierno, de cara a la próxima convención de la ANR, que se hará el sábado 29, en la que se planteará como uno de los puntos principales buscar la reelección del actual presidente de la República, Horacio Cartes.

Sin embargo, aunque consiste en una práctica viciosa, que se arrastra desde la época de la dictadura stronista, que utilizaba al Gobierno, al Partido Colorado y a las Fuerzas Armadas como sostén de su gobierno tiránico, la utilización de los recursos estatales para las actividades partidarias es un delito que debe ser investigado de oficio por la Fiscalía y, en caso de comprobarse, debe ser debidamente castigado por la Justicia.

Las excusas dadas en este caso por el diputado Pedro Alliana, al asegurar que el avión está al servicio del vicepresidente Afara, y él solamente subió "de paso" a la aeronave, no lo exculpan de la irregularidad cometida. La versión de que el vicepresidente se reunió con todos los intendentes de Ñeembucú para tratar temas de gobierno fue desmentida por la intendenta de Villa Oliva, Eusebia Musa, quien indicó que la reunión fue exclusivamente de orden político y solo se abordaron temas relativos a la próxima convención colorada. El llamativo silencio de los jefes militares responsables de la operación del avión de la FAP vuelve aun más grave la situación.

La denuncia sobre el uso ilegal de un recurso del Estado para un acto político partidario contradice al discurso de transparencia y de lucha contra la ilegalidad que repiten constantemente el presidente Horacio Cartes y varios de sus principales colaboradores. Es urgente que el Ministerio Público intervenga en el caso e investigue lo que realmente sucedió, adoptando las acciones que correspondan. De lo contrario, sería otro lamentable caso de impunidad avalada por las instituciones democráticas que no cumplen con su verdadera función y siguen favoreciendo a la corrupción.