El 4 de marzo del 2014 fue presentada ante el Ministerio Público una denuncia penal contra una rosca mafiosa que supuestamente se dedicaba hace años a adulterar la edad de los colectivos que superaban el límite legal (20 años) para que puedan seguir prestando el servicio en Gran Asunción. La denuncia fue presentada por Agustín Encina, en ese entonces titular de la Setama y actualmente viceministro de Transporte.
La denuncia, por producción y utilización de documentos no auténticos y contrabando, se realizó contra personas innominadas, pero en ese momento ya se habían identificado a unas 60 personas, entre transportistas, funcionarios de Aduanas, despachantes e importadores. Los colectivos cuyos documentos habrían sido falsificados son 351, pertenecientes a 28 empresas metropolitanas (ver info).
Hoy se cumple un año de aquella querella, sin que la Fiscalía haya logrado algún avance para castigar a los responsables del supuesto hecho ilícito. Hasta el momento, no hay un solo imputado y los ómnibus bajo la lupa siguen circulando a diario, ya que tampoco se realizó peritaje alguno a estas unidades.
Informes. La agente fiscal a cargo del caso es Ariela Chaparro, de la Unidad Barrial 8.
Consultada al respecto, la funcionaria del Ministerio Público aseguró que es una causa complicada por la cantidad de unidades denunciadas y el número de diligencias que impiden un avance más rápido.
Señaló que en primera instancia se pidió informes a Aduanas sobre el despacho de cada uno de los colectivos y a partir de esos legajos se tuvo que pedir facturas originales a los importadores y otros documentos de vuelta a Aduanas sobre sus funcionarios que intervinieron en las operaciones con estos buses.
Remarcó que la pesquisa sigue su curso normal y que no está congelada la causa. Reconoció que algunos de los buses denunciados ni siquiera figuran como despachados, pero no dijo por qué no tomó medidas en estos casos.
“No hay ningún congelamiento, yo estoy sola en mi unidad y es una causa que tiene un montón de diligencias en Aduanas, importadoras. Ahora estamos analizando los informes. Todo es muy complicado para nosotros que tenemos móvil solo una vez por semana. Ya pedí ayuda a la Fiscalía General”, expresó.
Pidió paciencia y aseguró que los abogados del Viceministerio de Transporte pueden observar cuando lo deseen todos los avances de la investigación.
