El pasado jueves 1 de octubre, una comitiva fiscal allanó cinco prostíbulos en la zona de 4 Mojones. De uno de ellos había escapado una niña de 12 años, que contó haber sido traída desde el Norte del país para ser prostituida. Su denuncia motivó la intervención. Al ser allanado, los encargados de este local, llamado La Tablita, exhibieron dos habilitaciones municipales correspondientes a Fernando de la Mora y Lambaré, así como el recibo por un pago en concepto de fumigación, de la Municipalidad de Villa Elisa.
“No se puede habilitar un prostíbulo, porque eso es un lugar de explotación de la prostitución por otra persona. Cada chica tendría que tener un departamento y ejercer ahí la prostitución de forma independiente, eso no sería ilegal”, explicó Martínez.
Actualmente, el Código Penal establece que el delito de rufianería se da cuando alguien “explotara a una persona que ejerce la prostitución, aprovechándose de las ganancias de ella”. La figura de proxenetismo se da cuando la persona que se prostituye es menor de edad y sanciona la “inducción” a la prostitución”, así como la “actuación comercial”.
“Se les habilita porque supuestamente el local está apto. A las municipalidades nosotros le pedimos explicaciones y nos dicen que ellos solamente habilitan ediliciamente, que ellos no controlan”, comentó la agente fiscal.
Martínez explicó que en muchos casos las chicas que trabajan en los prostíbulos allanados se quejan de las intervenciones fiscales, pero posteriormente acuden para denunciar importantes deudas de parte de los dueños de locales y pésimas condiciones de trabajo.
CONTROL. Por su parte, Menchi Cabañas, de la Asociación de Trabajadoras Sexuales del Paraguay – Unidas en la Esperanza (UNES), manifestó estar a favor de las habilitaciones municipales a “las casas de citas” y con un control efectivo a los locales.
“Creo que en cada municipio debería de haber una habilitación para casas de citas porque hay muchas compañeras que prefieren trabajar en locales que en la calle, no es una explotación cuando están trabajando de forma autónoma”, afirmó Cabañas.
“Es justamente eso lo que llevamos adelante, que los municipios controlen el lugar: cómo las compañeras están, en qué estado de insalubridad ejercen su trabajo. Actualmente, no hay ese control”, añadió.
Cabañas reconoció que sí hay lugares donde las mujeres son explotadas, pero aseguró que “hay muchos locales donde las compañeras trabajan y solamente pagan por utilizar el local”.
