Así señalaron ayer los fiscales que tienen a cargo el caso, Ángel Ramírez y Fabián Centurión.
“Pedimos un previo análisis del TSJE. Ellos tienen el mecanismo para cotejar y nosotros aún no tenemos esa información, precisamos un informe”, indicó Ramírez.
Subrayó también que “se pidió a la ANR cuál fue el mecanismo de recolección de firmas y quiénes serían los responsables”.
Según declaraciones de los fiscales, la parte acusada debe arrimar los datos a la Fiscalía. La ANR ni la Justicia Electoral remitieron los datos requeridos por el Ministerio Público.
imputables, pero sin datos. Ayer, durante la rueda de prensa convocada en el Ministerio Público, el fiscal Ramírez dijo que las autoridades de la ANR que llevaron los documentos falsos al TSJE “ciertamente se exponen a un grado iniciario (de investigación e imputación), por lo menos en cuanto a responsabilidad objetiva; es decir, ellos presentaron efectivamente las planillas formalmente”.
Dichas planillas están desacreditadas hoy por un aluvión de denuncias públicas de falsificación y otros delitos.
Sin embargo, Ramírez señaló que, en el marco de la investigación, se tendrá que determinar “el grado de conocimiento que tenían del estado de dichas planillas” las autoridades de la ANR.
El fiscal Ramírez admitió que con los datos actuales “hasta este momento no tenemos aun un grado de sospecha que amerite una imputación”.
Con anterioridad los fiscales habían señalado que no pueden indagar mucho, por los fueros con que cuentan el titular de la ANR, diputado Pedro Alliana; el vicepresidente de la República, Juan Afara, y la senadora también colorada Lilian Samaniego.
Habían resaltado que apenas pueden conversar con ellos, pero fuera del ámbito de una investigación propiamente dicha.
El fiscal Centurión explicó que quienes hayan sido responsables de las planillas cuestionadas están expuestos a ser acusados de hechos punibles de producción de documentos no auténticos y producción de documentos públicos de contenido falso.
Ambos delitos figuran en el marco penal con castigo de seis meses a cinco años de privación de libertad.
Sin embargo, dijeron que investigarán solo por las denuncias realizadas, que hasta ahora totalizan 25, según informaron.
Los fiscales no dieron un tiempo para la acusación, y negaron que tengan algún tipo de presión por parte de políticos colorados.