La acusación fue presentada por la fiscala Victoria Acuña, quien además requirió al Juzgado Penal de Garantías que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Según consta en la acusación fiscal, el 10 de mayo de 2012 Buzarquis firmó una carta de intención con la empresa italiana Anas Internacional Enterprise S.A., con el propósito de estrechar lazos de cooperación entre el Estado italiano y el paraguayo, específicamente en el área vial y de infraestructura del país.
Después de esto, el 24 de setiembre de 2012, el ex ministro acusado firmó en la ciudad de Roma, Italia, un convenio marco de Cooperación y Convenios Específicos con la empresa Anas, comprometiendo al Estado paraguayo por la suma de USD 500.000 para la realización de trabajos en el Chaco a cargo del MOPC, y USD 100.000 para llevar a cabo obras en el departamento de Ñeembucú.
Según la Fiscalía, al momento de celebrarse el mencionado convenio ya existían estudios de suelo del territorio del Chaco, por ende, no existía necesidad que justifique generar una nueva obligación pecuniaria, causando un perjuicio patrimonial que asciende a la suma total de USD 600.000.
Acuña aseguró en el escrito que Buzarquis no contaba con autorización del Poder Ejecutivo, por lo que el acusado no podía comprometer fondos del Estado.
La fiscala presentó diversos elementos de prueba, testificales y documentales, que le permitieron sustentar la acusación.
