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Nacional
martes 28 de junio de 2016, 13:10

Fiscalía acusa a ex contralores por daño patrimonial de G. 1.532 millones

La Fiscalía acusó este martes a los ex contralores Óscar Rubén Velázquez y a Nancy Torreblanca por un perjuicio patrimonial de G. 1.532 millones. Además pidió que el caso sea llevado a juicio oral.

La investigación fiscal se inició en mayo del año pasado tras publicaciones de ÚH. En total se detectó un perjuicio patrimonial de G. 1.532.372.093 a través del pago irregular de salarios y horas extras a funcionarios que no prestaban servicio o bien no contaban con los títulos universitarios que les requerían sus cargos.

El delito de estafa puede ser penado con hasta cinco años de cárcel, en tanto que el cobro indebido tiene un marco penal de dos años y la inducción a un subordinado a un hecho punible es sancionada con el castigo previsto para el delito "inducido", en este caso el cobro indebido, explicaron fuentes judiciales.

La fiscala Victoria Acuña acusó a otras 12 personas: Liz Paola Duarte, Roberto García Gaona, Luisa Almada Irala, Celia Cardozo Ríos, Reinaldo Gadea Mongelós, Horacio Coelho de Souza, Alicia Acevedo González, Richard López Benítez, Leonardo Núñez Jara, Pedro Jara Cassa, Hugo César Medina López, y Ana María Monges Rejala.

Con las publicaciones de ÚH salió a la luz el caso de la secretaria vip, Liz Paola Duarte, quien llegó a percibir remuneraciones de hasta G. 37 millones en un mes, con un promedio de G. 25 millones mensualmente, superando lo que gana un ministro del Ejecutivo.

Según la investigación de este medio, la secretaria vip no trabajaba las horas extras mencionadas, iba al gimnasio, a su casa y solo se presentaba en la Contraloría por instrucción de Velázquez para marcar su entrada y salida. También a través de imágenes de las cámaras de seguridad se vio a Duarte ingresar a la institución vestida con ropa deportiva y con su mascota.

Velázquez había manifestado que era próspera asalariada, debido a que supuestamente trabajaba horas extras y adicionales. Pero días después, tras destaparse las irregularidades, decidió sumariar a su secretaria y a otros altos funcionarios.

Con relación al contralor y la subcontralora, la Fiscalía sostiene que ambos estaban en conocimiento de que autorizaban pagos a funcionarios que realmente nunca prestaron servicios a la institución.